Por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tendrá que pronunciarse sobre el accionar de una isapre y las obligaciones del Estado en materia de protección de los derechos a la vida, integridad y salud.
Esto, como parte de la larga lucha judicial que ha enfrentado el matrimonio Vera-Rojas, quienes en 2006 adoptaron a una menor de tres meses que a los ocho meses de vida fue diagnosticada con el síndrome de Leigh; una enfermedad neurológica de origen genético, progresiva y degenerativa.
La mayoría de las personas que sufren esta enfermedad fallecen a los seis años y sólo un 27 por ciento supera la muerte temprana, gracias a la ayuda de terapias kinesiológicas, respiratorias y medicamentos mitocondriales.
Según informó El Mercurio, la familia debió poner un recurso de protección el 27 de octubre de 2010 debido a la que isapre MasVida decidió poner fin “de manera unilateral y arbitraria” a la “hospitalización domiciliaria” que la niña requería para su supervivencia.
Esto, pese a que los padres de la menor habían contratado un seguro contra enfermedades catastróficas (CAEC) que cubría el 100 por ciento de los gastos derivados en atención de alto costo.
Sin embargo, la Tercera Sala de la Corte Suprema falló a favor de la prestadora de salud, por lo que en 2011 la familia inició un segundo proceso judicial ante la Superintendencia de Salud.
La menor, hoy con 14 años, se encuentra con hospitalización domiciliaria en su residencia en Arica, pero su estado de salud es delicado, comentó la abogada de la familia Karina Fernández quien ve el caso junto al O’Neil Institute for National and Global Health Law de la Georgetown University.
En este contexto, también se interpuso una demanda contra el Estado, razón por la que el CIDH sesionará el 1 y 2 de febrero para “declarar la responsabilidad del Estado de Chile por la violación de los derechos de la vida, vida digna, integridad personal y salud en relación con las obligaciones de garantía, el principio de no discriminación, y el deber de especial protección de la niñez”, aseguró Fernández.
La acción judicial busca que se establezca la responsabilidad internacional del Estado por la violación de derecho a la integridad psíquica y moral de los padres.
Además se solicitarán medidas de reparación, compensación, rehabilitación y no repetición de este accionar.
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