
Este miércoles, el Comité de Ministros discutirá el controvertido proyecto minero-portuario Dominga, de la empresa Andes Iron, sin la presencia de los ministros titulares. La reunión se llevará a cabo con subrogantes, cumpliendo así con lo dispuesto por el Primer Tribunal Ambiental en su fallo del 9 de diciembre, que estableció un plazo de 15 días para resolver las reclamaciones en contra del proyecto. Este plazo expiró el 31 de diciembre, pero el gobierno decidió esperar un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que fue emitido el 3 de enero, antes de avanzar en el proceso.
Comité liderado por subrogantes
El Ministerio de Medio Ambiente (MMA), que preside el Comité de Ministros, estará representado por su fiscal, Ariel Espinoza, debido a la inhabilitación de la ministra Maisa Rojas y del subsecretario Maximiliano Proaño. Los demás ministerios involucrados también estarán representados por subrogantes, según lo informado por La Tercera. Las citaciones enviadas este lunes indican que los subsecretarios habilitados para participar son: Andrea Albagli, en Salud; Suina Chahuán, en Minería; Luis Felipe Ramos, en Energía; Ignacia Fernández, en Agricultura; y Julio Salas o Javiera Petersen, en Economía. Cada ministerio deberá confirmar oficialmente las subrogancias por escrito el día martes.
Contexto del caso Dominga
El proyecto Dominga, promovido por Andes Iron, ha generado controversia debido a sus posibles efectos ambientales en la región de Coquimbo, donde se planea su ubicación. En enero de 2023, el Comité de Ministros había rechazado el proyecto en una decisión que involucró a los ministros titulares. Sin embargo, esta decisión fue apelada, lo que llevó al Primer Tribunal Ambiental a ordenar una nueva revisión del caso, estableciendo que la instancia debe analizar las reclamaciones de acuerdo con los antecedentes presentados.
La inhabilitación de los ministros titulares se debe a su vínculo directo con decisiones anteriores, lo que obliga a que la composición del comité sea completamente subrogante para garantizar la imparcialidad en la resolución del caso.