Una confusión entre tres procesos distintos -enrolamiento, regularización y empadronamiento- provocó este lunes la aglomeración de más de 3 mil extranjeros en las afueras del estadio Víctor Jara, ubicado en Estación Central. El Registro Civil decidió utilizar este recinto con el objetivo de atender las solicitudes de enrolamiento que se encontraban pendientes en varias de sus oficinas. Este proceso, establecido por la Ley de Migraciones que entró en vigor en 2022, consiste en la entrega de un RUN (Rol Único Nacional), que tiene como finalidad identificar a las personas en el ámbito civil. Es importante destacar que este procedimiento es diferente al RUT, y para obtener el RUN es necesario que alguna institución lo solicite, como puede ser una AFP, Fonasa o algún ministerio, como el de Educación o Desarrollo Social.
El socio de Nómade, José Tomás Vicuña, quien es un experto en temas migratorios, explicó que el enrolamiento tiene como objetivo crear un Registro Nacional de Extranjeros, tal como lo establece la Ley de extranjería. Este registro permite a las personas extranjeras interactuar con la administración del Estado. Vicuña comentó: “Hoy las personas tienen múltiples números provisorios, uno para AFP, para Isapres, uno ante el SII; hay personas con muchos números, pero el Estado no tenía la capacidad de poder hacer la trazabilidad de esas personas”. Por esta razón, añadió que “la Ley de extranjería mandata al Registro Civil a enrolar a las personas que vayan a tener un servicio del Estado otorgándoles un RUN, que no es una cédula, pero es único y para siempre, se regularice o no”.
En el proceso de enrolamiento, el Registro Civil es la entidad que conserva los datos, mientras que en el empadronamiento, que ya se ha llevado a cabo anteriormente, es la PDI (Policía de Investigaciones) la que se encarga. Vicuña también mencionó que, de acuerdo a información obtenida mediante la Ley de Transparencia para los estudios que realiza en su consultora, la mayoría de las personas que han sido enroladas desde la entrada en vigencia de la Ley en 2022 hasta septiembre, han solicitado el enrolamiento a través de las AFP, en menor medida por parte de instituciones del Estado.
Los datos proporcionados por el Registro Civil indican que las solicitudes de enrolamiento (RUN) generadas a petición de AFP Modelo corresponden a 75.497 personas, mientras que AFP UNO ha generado 62.375 solicitudes de empadronamiento. Otras instituciones como Fonasa han generado solo 52 solicitudes, Fundación Gente de la Calle con 98, el Instituto de Seguridad Laboral con 80, el Ministerio de Desarrollo Social con 1.426, la Subsecretaría de Evaluación Social con 1.517 y la Secretaría Regional de Salud con 522.
Vicuña también recordó que una encuesta realizada por el Servicio Nacional de Migraciones junto a Ekhos y Nómade en abril de este año reveló que el 85% de las personas empadronadas se encuentran trabajando, y el 34% de ellas indicó tener un contrato escrito. En este contexto, Vicuña señaló que al tener un contrato, se deben pagar cotizaciones: “Aquí nace una complejidad, porque la Ley no permite trabajar a las personas en situación irregular y hay sanciones para empleadores. Pero, al mismo tiempo, los derechos laborales no están supeditados a la situación migratoria. La única forma de subsanar eso, es con la política de regularización y el Gobierno ha dicho que uno de los perfiles que podría ser regularizado es aquel que tiene una oferta de contrato”.
En relación al aumento de la informalidad laboral entre las personas migrantes en los últimos tres años, Vicuña indicó que una de las causas es el incremento de personas en situación irregular, lo que teóricamente las coloca en una situación laboral informal. Sin embargo, observó que algunas de estas personas tienen contrato, lo que significa que no están en una situación de informalidad, sino de irregularidad, lo cual son conceptos distintos.
Respecto a la confusión que se generó este lunes, Vicuña explicó que muchas personas creyeron que podían acudir a enrolarse sin tener un RUT. Según su opinión, esta situación se produjo en el contexto del anuncio del Gobierno sobre la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de regularización, que se relaciona con el empadronamiento biométrico que se ha realizado.
