
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, se busca avanzar hacia un sistema tributario más transparente y equitativo, afectando las transferencias bancarias sin incrementar la carga impositiva para los contribuyentes.
Transparencia en las Transferencias Bancarias
La nueva legislación establece un sistema detallado que obliga a los bancos a informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre las transferencias bancarias. En particular, se requiere que los bancos reporten aquellos casos en los que se reciban 50 o más transferencias de diferentes personas dentro de un mismo período determinado. Esta información será remitida de forma semestral al SII, que tiene la facultad de borrar los datos si no son utilizados para fines de fiscalización en un plazo de tres años.
Medidas Contra la Informalidad
La ley también introduce diversas medidas destinadas a combatir la informalidad en el comercio. Entre estas medidas se incluye el inicio obligatorio de actividades para portales de pago y operadores de comercio digital. Además, se establecen condiciones específicas para los préstamos y créditos otorgados por instituciones financieras. La ley otorga al SII facultades para clausurar digitalmente y restringir el acceso a plataformas para aquellos contribuyentes que no cumplan con las normativas establecidas.
Facilidades para Microempresarios
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la ley ofrece apoyo a los microempresarios para determinar su base imponible de IVA. Esto busca mejorar la exactitud en el pago de impuestos, permitiendo a los pequeños empresarios cumplir con sus responsabilidades fiscales de manera más efectiva.
Fiscalización y Control de Bienes
El SII ha recibido nuevas facultades que le permitirán controlar la trazabilidad de ciertos bienes, lo que facilitará una fiscalización más efectiva y ayudará a prevenir el comercio ilícito. Entre las medidas implementadas se incluye la posibilidad de comiso de bienes que no cumplan con las obligaciones tributarias, así como la implementación de medidas que exijan la identificación y trazabilidad de proveedores en el comercio de bienes usados.