
Una funcionaria de La Moneda ha presentado una medida prejudicial probatoria contra la Subsecretaría del Interior, señalando que el Estado no le brindó la protección necesaria frente a los graves hechos que ha denunciado.
Detalles de la acción legal
La acción legal fue ingresada el 26 de diciembre en el 2° Juzgado de Letras de Santiago y tiene como objetivo obtener acceso a 27 documentos clave que podrían fundamentar una eventual demanda por vulneración de derechos fundamentales. El escrito, que consta de nueve páginas, fue respaldado por el Estudio de Abogados RFU, que incluye a los abogados Ariel Rossel, Claudio Fuentes y Romina Urzúa. En el documento se indica: “Con el fin de preparar las eventuales acciones que se podrían ejercer, en especial la de tutela de derechos fundamentales con relación funcionaria vigente (…), vengo en deducir medida prejudicial probatoria en contra de Fisco de Chile”, según lo consignado por La Tercera.
Acusaciones de la denunciante
La funcionaria ha denunciado haber sido víctima de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, así como de delitos de violación y abuso sexual que, según ella, fueron presuntamente cometidos por Manuel Monsalve, el exsubsecretario del Interior. En su escrito, la denunciante sostiene que el Estado no implementó medidas preventivas para evitar que estos hechos ocurrieran. En el documento se puede leer: “El Estado de Chile no implementó ninguna medida preventiva para evitar que estos ocurrieran, lo cual consagra el origen laboral de lo vivido y la necesidad de reparar los efectos de los mismos”, tal como fue expuesto por el medio Ex-Ante.
Impacto en la integridad de la funcionaria
La denunciante ha afirmado que los episodios de acoso y violencia ocurrieron durante su relación contractual con la Subsecretaría del Interior, lo que ha agravado su situación tanto física como psicológica y profesional. Además, ha denunciado que el manejo mediático del caso ha contribuido a un ambiente revictimizador que ha afectado su integridad y estabilidad laboral. En su solicitud, la mujer menciona: “La presente solicitud se funda en los actos de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo de los que fui objeto durante la relación contractual con la requerida, tras ser víctima de actos constitutivos de estos mismos, así como delitos de violación y abuso sexual durante la noche del 22 a la madrugada del 23 de septiembre del 2024”, refiriéndose a los actos perpetrados por su jefatura directa, el exsubsecretario del Interior.
Condiciones contractuales y riesgos psicosociales
La funcionaria ha expresado que, tras los hechos denunciados, ha enfrentado incertidumbre respecto a su vínculo contractual, que actualmente se encuentra regulado bajo un convenio a honorarios. Esto ha incrementado el riesgo psicosocial al que está expuesta. Ella ha declarado: “La falta de especificación de las condiciones contractuales tras mi reintegro, además de múltiples aspectos revictimizadores, me exponen a constantes riesgos psicosociales”.
Documentos solicitados por la denunciante
Para sustentar su caso, la denunciante ha solicitado acceso a una serie de documentos que incluyen:
- Correos electrónicos entre ella y el exsubsecretario.
- Agendas laborales de ambos durante 2024.
- Registros de viajes y reservas de hotel compartidos.
- Reglamentos y protocolos sobre acoso y violencia en el trabajo.
- Medidas de resguardo implementadas a su favor.
- Comunicaciones internas relacionadas con el caso.
El juzgado ha acogido la solicitud y ha ordenado al Fisco entregar los documentos antes del 27 de enero de 2025.
Posibles acciones judiciales
Con esta medida prejudicial, la denunciante se está preparando para una posible acción judicial en contra del Estado. Según el documento presentado, podría emprender una demanda por tutela de derechos fundamentales, amparada en los artículos 485 y 7 del Código del Trabajo, así como una acción declarativa de relación laboral.