La reciente controversia en Pucón involucra a dos concejalas que han cuestionado la designación de Francisco Torres como Administrador Municipal debido a sus antecedentes penales. La situación ha generado un debate sobre la idoneidad de Torres para el cargo, considerando su historial que incluye delitos relacionados con la conducción en estado de ebriedad y un intento de llevar marihuana en un vuelo comercial.
Antecedentes de las concejalas
La concejala Marina Matus, del partido republicano, fue detenida en junio de 2017 en la región Metropolitana, junto a otras dos personas, por el delito de lesiones leves tras participar en una riña. A pesar de su detención, la fiscalía decidió no continuar con la investigación, lo que resultó en su liberación. Matus ha calificado este incidente como un “error” de su pasado.
Por otro lado, la concejala Verónica Castillo, del Frente Amplio, fue formalizada en julio de 2016 por estafa calificada. Este caso se originó cuando Castillo no realizó los pagos correspondientes por la compra de equipos para deportes de aventura, con un monto cercano a los 5 millones de pesos. Sin embargo, se llegó a un acuerdo reparatorio que detuvo el avance de la investigación. Castillo ha explicado que el problema surgió debido a un “error de escritura” en el pago que debía hacer su banco.
Otras acusaciones contra Verónica Castillo
Además de la estafa, Castillo enfrenta otra causa vigente por injurias y calumnias, presentada por Daniel Duran, exjefe del Departamento de Educación Municipal de Pucón. Duran argumenta que Castillo realizó comentarios ofensivos sobre su gestión. Castillo ha defendido su actuación, afirmando que solo estaba cumpliendo con su rol fiscalizador.
Reacciones del alcalde y las concejalas
El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, se ha referido a los antecedentes de las concejalas, indicando que se trata de “errores del pasado”. En este contexto, ambas concejalas han manifestado su intención de recurrir a la Contraloría para impugnar la designación de Francisco Torres, argumentando que su conducta previa no es intachable, dado su historial delictivo.
La controversia ha puesto de relieve las tensiones políticas en Pucón y ha suscitado un debate sobre la idoneidad de los funcionarios públicos en relación con sus antecedentes penales.
