El 10 de enero, Nicolás Maduro, quien ha sido el Presidente de Venezuela desde 2013, renovó su mandato por un período adicional de seis años (2025-2031) en una ceremonia que se caracterizó por su naturaleza atípica, ya que solo contó con la presencia de dos jefes de Estado, los de Cuba y Nicaragua, además de una limitada representación diplomática internacional. La ceremonia estuvo marcada por la notable ausencia de aliados que anteriormente habían sido cercanos, como el presidente colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, lo que pone de manifiesto el aislamiento que ha sufrido Maduro desde las elecciones de julio. También se ausentaron líderes de países como Rusia, Irán, México y Bolivia.
Por otro lado, Edmundo González, quien había demostrado con actas haber ganado las elecciones con más del 70% de los votos, no pudo llegar a Venezuela como había planeado para asumir el cargo. En respuesta a esta situación, el régimen de Maduro tomó medidas drásticas, cerrando las fronteras hasta el lunes, suspendiendo todos los vuelos hacia Colombia (el único país con acceso aéreo directo) y militarizando las calles de Caracas, además de desplegar misiles balísticos en puntos estratégicos. Estas acciones tenían como objetivo impedir la entrada de González y de aproximadamente 15 exjefes de Estado de la región.
Analistas políticos tanto en Venezuela como en el resto de la región han calificado lo sucedido el viernes como una “autoproclamación” por parte de Maduro, quien ha decidido “usurpar el poder”. Esta opinión fue compartida por varios cancilleres y excancilleres de la región, incluyendo al chileno Heraldo Muñoz, quien en una entrevista con Noticias Caracol comparó la situación con “la tiranía que vivimos con la dictadura de (Augusto) Pinochet” en Chile. Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete también denunciaron la falta de legitimidad democrática en el evento y rechazaron “la forma en que Maduro se aferra al poder a expensas del pueblo venezolano”.
Mientras se desarrollaban estos acontecimientos, el mundo esperaba la esperada alocución de María Corina Machado, líder de la oposición y compañera de fórmula de González. Después de dos horas de espera, el mensaje fue finalmente compartido en redes sociales, ya que el bloqueo a las páginas de Internet impidió realizar la transmisión en vivo como se había prometido. En un video de poco más de ocho minutos, la exdiputada afirmó que “hoy, 10 de enero, Maduro consolidó un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo”. Además, acusó a Maduro de violar la Constitución Nacional, afirmando que estaba “flanqueado por los dictadores de Cuba y Nicaragua”. Machado instó a los venezolanos a ejercer “con fuerza su derecho a protestar” y a hacer “lo que sea necesario” para restaurar el orden y la democracia en el país.
Machado también se refirió a la situación de González, quien se encontraba en República Dominicana tras concluir una gira internacional que incluyó visitas a Argentina, Uruguay, EEUU y Panamá. Ella mencionó que “decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca”. Además, indicó que González regresaría al país “en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas”, dado que el régimen de Maduro había amenazado con derribar su avión o arrestarlo al ingresar.
A las 18:00 (hora de Venezuela), González emitió un mensaje en el que hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, expresando su disposición para llegar a Venezuela y pidiendo a los militares que no acataran ninguna orden de Maduro, permitiéndole “el ingreso seguro”. Afirmó que “tienen el deber de obedecer a su legítimo Comandante en Jefe” y que “haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia”. González también mencionó que continuaba coordinando con actores clave dentro y fuera del país para garantizar el retorno a la libertad.
Tras la juramentación de Maduro, las potencias globales reaccionaron unidas, imponiendo sanciones a altos funcionarios vinculados al régimen. EEUU incluyó en estas medidas al presidente de la estatal petrolera Pdvsa, Héctor Andrés Obregón Pérez, entre otros. Además, aumentó la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Maduro y del ministro del Interior, Diosdado Cabello, de 15 millones a 25 millones de dólares, la cifra más alta en la historia, comparable solo a la emitida contra Osama bin Laden. También se ofrecieron 15 millones de dólares por información que facilite la detención del ministro de Defensa.
Por su parte, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá sancionaron a 15 personas “responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho o los derechos humanos en Venezuela”, incluyendo a representantes del Consejo Nacional Electoral, actores del poder judicial y de las fuerzas de seguridad. En total, 69 personas en Venezuela están ahora bajo sanciones de la UE, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar al bloque. Chile reiteró su postura al considerar que “el proceso electoral (…) fue fraudulento y careció de los más mínimos estándares de transparencia e integridad”. En la víspera, el presidente Gabriel Boric calificó a Maduro como un dictador. Otros países como Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Uruguay y Perú también desconocieron el nuevo mandato de Maduro.
