El Gobierno argentino tiene como objetivo para el próximo año desregular el control técnico vehicular en el país, permitiendo que lo que se conoce formalmente como Revisación Técnica Obligatoria (RTO) en las jurisdicciones de CABA y Provincia de Buenos Aires, donde se denomina Verificación Vehicular (VTV), pueda ser realizado por establecimientos particulares como concesionarios oficiales y talleres autorizados. Esta iniciativa no es nueva, ya que está contemplada en la Ley Nacional de Tránsito vigente desde 1995, aunque nunca se ha llevado a la práctica, limitando el ámbito de acción a las plantas actuales de VTV y RTO. Por esta razón, se han enviado bases al Congreso en diciembre de 2023, con la intención de que sean sancionadas a finales de junio de 2024, haciendo especial hincapié en formalizar esta situación de apertura y generando un paraguas jurídico que lo permita.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comentó en una entrevista televisiva que “las provincias tienen que adherir a este cambio. Se pretende que la verificación técnica se pueda hacer en un concesionario, por eso vamos a incluir el Tránsito. Pero la medida se aplicará en cada jurisdicción”. Sin embargo, más allá de la decisión eventual de que los concesionarios oficiales o talleres mecánicos autorizados puedan realizar la VTV, deben cumplirse otras condiciones. La responsabilidad de la verificación recaerá exclusivamente en los particulares.
Una de las primeras acciones será crear un “ecosistema nacional” que genere un marco dentro del cual funcionen los puntos homologados para estas revisaciones técnicas. Actualmente, la RTO solo verifica vehículos en su propia jurisdicción; por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen 7 plantas, mientras que en la provincia hay 30 dependencias. Se estima que a nivel nacional hay unas 400 dependencias, ya que son de carácter provincial o municipal. La apertura a concesionarias particulares implica también la necesidad de informatización y de contener un mayor número de vehículos, lo que requerirá que estén conectados para poder realizar la verificación en cualquier parte del país.
Constantino Abella Roigt, presidente de CVA (Control Argentino), una empresa certificada por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), que fabrica el 50% del equipamiento que funciona en Argentina, y que provee actualizaciones de software al 80% del mercado, explicó que “la única posibilidad de hacerlo es con equipos en red, es decir, convirtiendo la tecnología 4.0 en soluciones enfocadas en la interconectividad y la automatización de datos en tiempo real. Hay que incorporar inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT) para lograr la integración y el funcionamiento no solo de los equipos, sino también de la gestión”.
En muchos países avanzados, las máquinas de verificación se reemplazan cada 5 años. Sin embargo, en Argentina, los equipos suelen ser comprados por empresas de menor capacidad de inversión, lo que dificulta la actualización del software, haciéndolo menos accesible. Por otro lado, el gobierno promueve la idea de reemplazar la oblea o sticker que habitualmente se coloca en el lateral derecho del parabrisas del vehículo, que indica la vigencia de la prueba visual, por una documentación digital que se exhibiría a través de la aplicación Mi Argentina, en una red informatizada que pasaría a ser una solución complementaria al sistema.
Las dos condiciones necesarias para implementar este sistema son la capacitación de quienes operen los equipos y la construcción de plantas adecuadas, ya que, a diferencia de lo que se podría imaginar, la revisión de vehículos no es un proceso simple. De hecho, ni siquiera el uso de una fosa sería un método adecuado para revisar los juegos de suspensión y dirección, dado que se requiere un análisis del peso del auto en orden de marcha actuando sobre las cuatro ruedas. Roigt, quien también es proveedor nacional y exporta a 27 países, indicó que la inversión total para establecer una planta de verificación puede ser de aproximadamente USD 100.000.
Para llevar a cabo la verificación, se necesitan equipos como alineadores, bancos de suspensiones, frenómetros, detectores de holguras, analizadores de gases y regloscopios. Además, es fundamental contar con personal calificado que sepa utilizar estos equipos, asegurando que la calibración de las mediciones sea correcta. A pesar de que el gobierno planea implementar reformas, el texto de la ley establece en su artículo 35 que “las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de la revisión, el procedimiento a emplear, y el criterio de evaluación de los resultados, serán establecidos por la reglamentación que deberá ser cumplimentada por la autoridad competente. Esta podrá delegar en fabricantes e importadores habilitados para estos efectos, manteniendo un estricto control”.
En el artículo 34, entre otros considerandos, se menciona que “los mecánicos privados de reparación de vehículos, en aspectos que hacen a la seguridad y emisión de contaminantes, llevarán un registro de ellos y sus características”. También se especifica que las técnicas que se efectúen deben señalar que “cada uno debe tener: idoneidad y demás características reglamentarias, un director responsable civil y penalmente de las reparaciones, y un libro rubricado donde se registren los arreglos realizados, que dejará constancia de que sean retirados sin terminación.”
