Senadora Fabiola Campillai exige justicia en formalización de exmandos de Carabineros por violaciones a derechos humanos durante el estallido social de 2019.
En el contexto de la formalización de altos mandos de Carabineros, que incluye a Ricardo Yáñez, Diego Olate y Mario Rozas, la senadora independiente Fabiola Campillai se presentó este martes en el Centro de Justicia con el objetivo de demandar “justicia” y “condenas”. La senadora, acompañada por organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de Amnistía Internacional, expresó que los uniformados involucrados “son los verdaderos delincuentes”, argumentando que “no frenaron” los crímenes de lesa humanidad que se habrían perpetrado durante el estallido social de 2019.
Campillai destacó la importancia del día, señalando que “hoy se habla de un estallido social delictual, se habla de nuestros compañeros como delincuentes. Luchadores sociales que lucharon por los derechos de todos nosotros, de todo un país”. En su declaración, la senadora enfatizó que los verdaderos responsables son aquellos que dieron órdenes o que, por omisión, no detuvieron las violaciones a los derechos humanos.
Durante su intervención, la senadora también hizo referencia a un incidente en el que Cynthia Ormeño publicó videos en su cuenta de TikTok atacando a la parlamentaria. A pesar de esto, Campillai reconoció el “trabajo de la fiscal Chong y del fiscal Armendáriz”, haciendo un llamado a que “esperamos que los tribunales estén a la altura para que investiguen y condenen, porque sólo así las violaciones a los derechos humanos no van a quedar en la impunidad”.
La senadora concluyó su intervención mencionando que “aquí hubo cuatro informes de organismos internacionales que hablaron de todas las lesiones oculares, las violaciones y las golpizas”. Es relevante señalar que los exgenerales directores de Carabineros, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, junto con el exsubdirector Diego Olate, enfrentan formalizaciones por “omisión ante apremios ilegítimos”. Esta acusación se basa en su supuesta “responsabilidad de mando” en relación con las violaciones a los derechos humanos que se habrían llevado a cabo por parte de la institución durante el estallido social en 2019.
