Bryan Kohberger, acusado del asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre de 2022, podría enfrentar la pena de muerte si es hallado culpable. El 7 de noviembre, Kohberger compareció ante un tribunal en Boise para una audiencia que determinará si se le impondrá la máxima sentencia. Las víctimas del crimen son Madison Mogen, de 21 años; Kaylee Goncalves, de 21; Xana Kernodle, de 20; y Ethan Chapin, de 20 años, quienes fueron asesinados a puñaladas mientras dormían en su residencia estudiantil.
Kohberger fue arrestado tras el hallazgo de pruebas de ADN en la funda de un cuchillo encontrado en la escena del crimen. Su equipo de defensa está trabajando para evitar la pena capital, argumentando que el método de ejecución, que en Idaho es la inyección letal, constituye un “castigo cruel e inusual”. Según informes de NBC News y Fox News, el estado de Idaho no ha llevado a cabo ejecuciones desde 2012.
La defensora pública de Kohberger, Ann Taylor, expresó en la corte: “Es ansiedad. Es el miedo. Es el no saber”, refiriéndose a la incertidumbre sobre cuánto tiempo podría permanecer su cliente en el corredor de la muerte. Taylor también sugirió que, en caso de condena, debería ser el jurado y no el juez quien decida sobre la sentencia de muerte.
Neama Rahmani, ex fiscal federal, comentó: “Creo que es muy poco probable que el juez de primera instancia retire la pena de muerte, pero la defensa está tirando todo sobre la mesa”. Rahmani añadió que están considerando las apelaciones, ya que en cualquier caso de pena de muerte existen apelaciones estatales y federales obligatorias. “Estadísticamente, es más probable que se revoque una sentencia de muerte en apelación”, indicó.
Rahmani también destacó que “solo se necesita un juez de apelaciones, estatal o federal, para comprar uno de estos argumentos, y podría salvarle la vida años después”. Sin embargo, enfatizó que, en el caso de Kohberger, un adulto competente y relativamente sofisticado, es poco probable que los argumentos de defensa relacionados con la edad, discapacidad intelectual o enfermedad mental sean efectivos.
La situación legal de Kohberger sigue desarrollándose, y la atención mediática sobre el caso continúa siendo intensa, dado el impacto que ha tenido en la comunidad y el interés público en el proceso judicial.
