El subteniente Alain Álvarez Flores falleció el 26 de octubre en el Trópico de Cochabamba tras ser atropellado durante operativos destinados a liberar rutas bloqueadas por seguidores del ex presidente Evo Morales. El responsable del incidente ha sido detenido y se encuentra en prisión preventiva, enfrentando acusaciones de intento de fuga al evadir a la Policía en un contexto de protestas políticas y acusaciones contra Morales, que han generado caos y enfrentamientos en la región.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, lamentó el fallecimiento del subteniente, quien había sido parte de los operativos desde el inicio de los bloqueos en Cochabamba. En un mensaje en redes sociales, el comandante general de la Policía Boliviana, mayor Augusto Juan Russo Sandoval, expresó sus más sentidas condolencias, afirmando que “elevamos nuestras plegarias para que los seres queridos y familiares encuentren fortaleza en estos difíciles momentos”.
El subteniente Álvarez Flores era uno de los muchos oficiales desplegados en la zona para restablecer el orden y garantizar la libre circulación en las rutas, que han estado amenazadas por los bloqueos de simpatizantes de Morales durante casi tres semanas. Sin embargo, durante estas maniobras, fue “embestido por un individuo vinculado al tráfico de drogas”, según informó la Policía.
Tras el incidente, el subteniente fue trasladado en helicóptero al hospital Kamiya en Santa Cruz, donde, después de varios días en coma y tras someterse a varias cirugías, “falleció en sagrado cumplimiento del deber”, añadieron las autoridades. El sujeto que conducía el vehículo involucrado fue aprehendido poco después del incidente y se encuentra en prisión preventiva a la espera de la investigación correspondiente que determine su condena.
Bolivia ha estado convulsionada por una crisis política que surgió de la puja entre Luis Arce y la conducción del Movimiento al Socialismo, que se ha extendido hasta el ámbito social y económico. Tras conocerse la primera denuncia de personas por estupro contra el ex presidente Morales, se desataron manifestaciones en las que muchos consideran que se trata de una persecución por parte del Gobierno.
Los manifestantes tomaron los principales caminos del país e irrumpieron en cuarteles militares, tomando rehenes y bloqueando el paso de camiones con mercaderías de todo tipo. Estas medidas de fuerza dejaron a menos de 200 personas secuestradas, provocando un desabastecimiento de cientos de productos en diversas regiones y ocasionando pérdidas millonarias. Ante esta situación, el Ejecutivo ordenó el desbloqueo de caminos.
“Como gobierno democráticamente electo, con facultades constitucionales y en apoyo al pueblo, continuaremos llevando adelante acciones orientadas al público, precautelando la paz social, así como el derecho del pueblo al tránsito, trabajo, acceso a combustible, alimentos y medicamentos”, declaró Arce en la víspera.
Sin embargo, se le pidió a Arce que no diera curso a la iniciativa de desbloqueo, ya que, de hacerlo, “será usted quien cargue con la responsabilidad de dividir y herir de forma irremediable el retorno a la paz”. Inclusive, se anunció el inicio de una huelga de hambre para impulsar la apertura de una mesa de diálogo que permita buscar soluciones a la crisis.
A pesar de los idas y vueltas en el ámbito político y social, las fuerzas de seguridad avanzaron y lograron despejar parte de las rutas, deteniendo a unas 66 personas que fueron trasladadas a La Paz para ser investigadas y juzgadas por delitos como terrorismo, alzamiento armado, tenencia ilícita de armas, instigación pública a delinquir, atentados contra el transporte y servicios públicos, así como asociación delictuosa y secuestro.
(Con información de Europa Press)
