En medio de un clima de creciente tensión en Bolivia, el conflicto social ha escalado a niveles alarmantes, con protestas que ya llevan 20 días. Los seguidores del ex presidente Evo Morales han asaltado unidades militares en la región del Chapare, Cochabamba, tomando como rehenes a más de 200 soldados y robando armamento que es de uso exclusivo del Ejército. Esta situación ha sido denunciada por el gobierno actual como una grave amenaza a la seguridad nacional, lo que ha llevado a solicitar la intervención de la comunidad internacional. El presidente Luis Arce ha condenado estas acciones, acusando a los manifestantes de intentar acortar su mandato.
Asalto a unidades militares
El asalto a los cuarteles militares se produjo en un contexto de protestas que han ido en aumento. En un comunicado emitido el sábado, el gobierno de Arce informó que “en víspera, han sido asaltadas por grupos irregulares en la zona del departamento Cochabamba, doscientos efectivos se han apropiado de armamento de guerra y municiones que se encontraban en el interior de los recintos castrenses”. Este acto no solo es considerado un delito, sino que también representa un riesgo para toda la población, con consecuencias imprevisibles.
Respuesta del gobierno
El gobierno de Luis Arce, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que tome nota de la escalada desestabilizadora contra el sistema democrático en Bolivia. A pesar de los esfuerzos reiterados por convocar al diálogo, el presidente ha dejado claro que no se podrá establecer un diálogo efectivo mientras el pueblo boliviano siga siendo víctima de abusos por parte de aquellos que buscan intereses personales y electorales.
Acusaciones hacia Evo Morales
Las autoridades han apuntado directamente a Evo Morales, acusándolo de querer “acortar” el mandato de Luis Arce. En este contexto, se ha anunciado un cuarto intermedio en los bloqueos, que se considera una estratagema para reducir el impacto negativo de las medidas sobre el líder de la protesta. Se sostiene que detrás de la retórica radical de los manifestantes se encuentra un proyecto político que no tiene un enfoque progresista, a pesar de que se presenta como tal.
Medidas del gobierno y respuesta de los manifestantes
El gobierno ha afirmado que todas aquellas personas que continúen con acciones contrarias a la ley serán aprehendidas y puestas a disposición del Órgano Judicial para el procesamiento correspondiente. El presidente Arce ha declarado que “no es posible asfixiar la economía” y ha anunciado el desbloqueo de la localidad de Parotani como “el primer paso” para seguir trabajando en la liberación de todas las carreteras que permanecen cortadas. Las vías que conectan el oriente con el sur del país han sido afectadas, y la principal vía hacia el occidente fue totalmente liberada tras enfrentamientos que incluyeron el uso de gases lacrimógenos y dinamita.
Demandas de los manifestantes
Los manifestantes exigen la retirada de los procesos judiciales en su contra, así como la resolución de problemas económicos y la defensa de la candidatura presidencial para las elecciones de 2025. Las diferencias con la administración del Estado se han profundizado desde 2021, lo que ha llevado a la necesidad de renovar la directiva del MAS y elegir un candidato oficialista para las próximas elecciones, lo que representa un claro desafío para el actual mandatario.
Declaraciones de Evo Morales
En un video publicado en la red social X, Evo Morales declaró: “Pueden detenerme, ojalá me maten. Estuve muchas veces en la cárcel. No tengo miedo, voy a ir a Bolivia. Estoy aquí, vamos a resistir. Vamos a enfrentar y derrotar a los corruptos, a los narcos…”.
Preocupación internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación por la agudización del conflicto en Bolivia, en particular por los reportes sobre la toma del regimiento militar de Villa Tunari y la retención ilegal de integrantes de las fuerzas armadas por civiles. En este contexto, la CIDH ha llamado a tomar medidas para garantizar la vida de los retenidos y a atender los puntos de conflictividad, privilegiando el diálogo. La CIDH ha enfatizado que es primordial que los altos liderazgos políticos se pronuncien sobre esta cuestión y contribuyan a crear un ambiente favorable para la deliberación pública abierta y plural.
