Nueva York aprueba histórica licencia prenatal paga: ¿qué implica para las trabajadoras?

Nueva York implementa la primera licencia prenatal paga en EE. UU. para apoyar a las familias.
Nueva York implementa la primera licencia prenatal paga en EE. UU. para apoyar a las familias.

El estado de Nueva York ha dado un paso significativo al aprobar la primera política de licencia prenatal paga en los Estados Unidos, con el objetivo de asegurar que las mujeres embarazadas puedan acceder a la atención médica necesaria sin comprometer su empleo. Esta medida, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, fue aprobada en el marco del presupuesto estatal para el año fiscal 2025 y permitirá a las empleadas recibir 20 horas adicionales específicamente destinadas al cuidado, además de los días establecidos por la ley. Este nuevo beneficio comenzará a regir el 1 de enero y exige que se creen procedimientos para establecer un banco separado de licencias médicas exclusivamente para esta finalidad.

A través de un comunicado de prensa, la gobernadora Hochul destacó la importancia de esta iniciativa como parte de un esfuerzo integral para abordar la crisis de mortalidad materna que afecta al país. “La triste realidad es que nuestra nación enfrenta una crisis de salud”, afirmó. “Nos enfrentamos de manera directa con nuevas leyes y políticas audaces que protegen el bienestar de las madres y los bebés”. Esta política se alinea con investigaciones que demuestran que el acceso temprano y regular a la atención prenatal mejora significativamente los resultados tanto para los recién nacidos como para las madres. Según estudios citados por el gobierno estatal, las mujeres que reciben atención prenatal adecuada tienen menos probabilidades de experimentar complicaciones graves durante el parto, mientras que sus hijos presentan menores riesgos de nacer con problemas de salud.

Además, la legislación firmada incluye otras medidas dirigidas a mejorar los servicios y reducir las desigualdades que afectan desproporcionadamente a las comunidades rurales, afroamericanas y de bajos ingresos. Una de estas medidas amplía la cobertura de Medicaid para incluir servicios de telemedicina relacionados con la maternidad, como ultrasonidos remotos y pruebas fetales no invasivas realizadas a distancia. Esto tiene como objetivo aliviar las barreras que enfrentan muchas mujeres, ya sea por la falta de transporte, los costos asociados o la imposibilidad de ausentarse del trabajo para asistir a citas médicas.

La senadora Lea Webb, una de las principales impulsoras de estas reformas, subrayó el impacto de la lucha contra las desigualdades raciales y económicas que perpetúan la crisis de salud materna. “Sabemos que algunos de los factores clave detrás de esto son la deficiencia de proveedores, los costos y el acceso al transporte”, señaló. “Mi objetivo es que los cuidados prenatales rutinarios sean accesibles para todos los pacientes, independientemente de dónde vivan o de sus ingresos”.

Otra de las disposiciones de la nueva legislación requiere que los hospitales y centros de salud proporcionen información detallada y transparente sobre los servicios que ofrecen, incluyendo los protocolos de emergencia obstétrica y el traslado de pacientes en estado crítico. Esta medida tiene como objetivo empoderar a las mujeres para que tomen decisiones informadas sobre las instalaciones donde recibirán atención durante el embarazo. La asambleísta Gina Sillitti, coautora de la ley, enfatizó que la transparencia y la disponibilidad de información son esenciales para la seguridad de los pacientes. “Esto garantizará que reciban información clara sobre lo esencial que planean dar a luz, promoviendo una atención continua de calidad”, afirmó.

El enfoque de la legislación también incluye la eliminación de barreras financieras, prevé la eliminación del costo compartido para las visitas posparto para aquellas inscritas en el Plan Esencial y en los Planes de Salud Calificados. Además, se ofrecerán incentivos económicos para reducir el número de cesáreas innecesarias, una práctica que, según expertos, está asociada a mayores riesgos cuando no es médicamente necesario. Estas nuevas iniciativas complementan esfuerzos previos para apoyar a las familias, incluyendo la provisión de 12 semanas de licencia parental totalmente pagada y un 80% de la fuerza laboral que se beneficiará de la extensión completa después del parto.