La Fiscalía de Venezuela ha iniciado una investigación contra la líder opositora María Corina Machado por su apoyo a un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que prohíbe a instituciones estadounidenses contratar a personas o empresas con vínculos comerciales con el gobierno venezolano.
Investigación por apoyo a ley estadounidense
A través de un comunicado publicado en Instagram, el Ministerio Público de Venezuela anunció su decisión de investigar a Machado, argumentando que su promoción y respaldo a lo que califican como un “adefesio jurídico” está vinculado a “terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano”. La institución sostiene que las declaraciones de Machado a favor de este proyecto de ley constituyen la comisión de delitos como traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir.
Reacciones de María Corina Machado
El miércoles, Machado expresó que el proyecto de ley, conocido como la ley Bolívar (oficialmente Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela), tendría consecuencias para el gobierno de Nicolás Maduro. En sus declaraciones a través de X, afirmó: “La ley Bolívar envía un mensaje claro al régimen: la represión y las actividades criminales tienen consecuencias y nadie podrá normalizarlas”. Sin embargo, se debe señalar que esta norma aún necesita la aprobación del Senado para entrar en vigor.
Reacción del gobierno de Nicolás Maduro
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro descalificó la norma, refiriéndose a ella como “basura” y advirtió que los opositores que apoyen este proyecto de ley estarían cometiendo delitos, aunque no especificó cuáles serían las consecuencias judiciales que enfrentarían.
Acciones del Parlamento venezolano
El jueves, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó la discusión de una ley orgánica que busca inhabilitar políticamente a aquellos que soliciten a países, “grupos o asociaciones terroristas” que impongan sanciones económicas contra Venezuela. Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la plenaria, donde el presidente de la Cámara, el excanciller Jorge Rodríguez, enfatizó que la inhabilitación política debería ser perpetua.
