La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, anunció este martes la imposición de nuevas sanciones contra cinco altos funcionarios del régimen venezolano, quienes están acusados de participar en actividades que socavan la democracia y de declarar fraudulentamente a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Las medidas, que han sido adoptadas bajo el Reglamento de Medidas Económicas Especiales (Venezuela), afectan a figuras clave del poder judicial y electoral del país, entre las que se encuentra la presidenta del Tribunal Supremo venezolano. Las personas sancionadas son: Caryslia Beatriz Rodríguez, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Rosalba Gil Pacheco, Eduardo Miguel Briceño Cisneros y Luis Ernesto Dueñez Reyes.
En su anuncio, Joly afirmó que estas sanciones buscan presionar al régimen para que respete la voluntad del pueblo y frene las acciones represivas emprendidas contra la oposición y la sociedad civil. “Las sanciones de hoy transmiten un mensaje claro: no quedaremos con los brazos cruzados mientras siga ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano”, declaró.
El comunicado del gobierno canadiense subrayó que observadores internacionales independientes y ciudadanos han aportado evidencia creíble de que los comicios de julio fueron ilegítimos. No obstante, las autoridades de facto venezolanas continúan sin presentar pruebas sustanciales que respalden los resultados proclamados. En los días posteriores a las elecciones, se intensificaron las manifestaciones masivas en todo el país, que resultaron en la muerte de 43 personas y más de 2,000 detenciones arbitrarias, según datos citados por Canadá. La persecución también ha afectado a líderes de la sociedad civil, periodistas y voluntarios electorales. Como resultado de estas acciones, el candidato opositor Edmundo González Urrutia se vio forzado a huir a España el 7 de septiembre.
Canadá se alinea con sus aliados en la imposición de estas medidas, que ya han sido adoptadas previamente por Estados Unidos y otros países en respuesta a la crisis política en Venezuela. “Estamos preparados para trabajar con nuestros socios en la región para apoyar el diálogo. Pero estamos dispuestos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, para impedir la plena expresión de los derechos democráticos de los venezolanos”, aseguró Joly. Además, reiteró su preocupación por las acciones antidemocráticas de Maduro, así como por las amenazas que representan para la estabilidad regional de los venezolanos. “Reafirmo nuestro compromiso inquebrantable con los derechos humanos y el estado de derecho en Venezuela y en toda la región”.
Desde 2017, Canadá ha implementado cuatro rondas de sanciones vinculadas al régimen chavista: en 2017 se impusieron 40 sanciones, en mayo de 2018 se añadieron 14, y en abril de 2019 se aprobó la Ley de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos, que ha sancionado a 19 individuos, con el objetivo de incrementar la presión internacional sobre el régimen y disuadir futuras violaciones a los derechos humanos, así como proteger a manifestantes y periodistas. La intención de Canadá es seguir apoyando la lucha por la restauración de la democracia en Venezuela.
