El régimen de Nicolás Maduro ha comenzado un proceso de excarcelación de presos políticos que participaron en las protestas contra el fraude electoral ocurrido el 28 de julio en Venezuela. Desde las primeras horas de este sábado, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, confirmó a Infobae que se inició la liberación de detenidos. Hasta el momento, se han excarcelado a 10 personas del centro penitenciario Yare III, y también se están llevando a cabo procedimientos en Tocorón y en la cárcel de mujeres Las Crisálidas. Romero indicó que “el proceso está ocurriendo ahora” y que, aunque se están comenzando a liberar a algunos, el número total de excarcelaciones es aún incierto.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha reportado excarcelaciones en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, aunque no ha precisado una cifra exacta de liberaciones. Estas acciones se producen tras la muerte de Jesús Manuel Martínez Medina en el estado Anzoátegui, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Según la líder opositora María Corina Machado, Martínez padecía de diabetes y problemas cardíacos. Antes de su detención, había sido testigo en la mesa de elecciones presidenciales en Aragua y Barcelona, en unos comicios que estuvieron marcados por numerosas denuncias de irregularidades.
Machado relató que Martínez fue arrestado en su domicilio por agentes del Sebin en la noche del 29 de julio, sin una orden de allanamiento ni justificación legal. Tras su detención, fue trasladado a calabozos en Anzoátegui, donde las condiciones fueron descritas como “infrahumanas”. La líder opositora denunció que las condiciones higiénicas precarias agravaron significativamente su salud, afirmando que “estuvo tan mal que tuvo necrosis en ambas piernas”. Además, Machado indicó que sufrió malos tratos durante su reclusión, lo que llevó a que se confirmara su estatus como preso político.
El fiscal general Tarek William Saab anunció el viernes que la Fiscalía venezolana, alineada con el chavismo, ha solicitado la revisión de cientos de casos de opositores detenidos durante las protestas posteriores al 28 de julio. Saab afirmó que, en cumplimiento de la Constitución, se garantiza “el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el juzgamiento por jueces naturales”. Se han solicitado 225 revisiones judiciales para los procesados en esos hechos que sacudieron al país, aunque no se han ofrecido detalles sobre cómo se implementará esta medida.
En un comunicado oficial, se declaró que “esta acción busca la unificación familiar y ratifica el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos”. Sin embargo, la oposición ha manifestado su descontento, señalando que la victoria de Edmundo González Urrutia fue proclamada por el oficialismo sin presentar evidencias, lo que desencadenó manifestaciones masivas en varias ciudades del país. Los ciudadanos exigieron el respeto a la voluntad popular y rechazaron el nuevo mandato de Maduro. Las movilizaciones fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad, y se arrestaron a decenas de líderes y colaboradores cercanos a la disidencia.
Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen, adoptó una postura más dura durante un programa de televisión, donde respondió con ironía a las críticas sobre la detención de menores: “Ahí están presionando a los políticos, niños detenidos. ¿Dónde estaban los padres el 30 de julio? Se preocupan ahora, pero debieron hacerlo antes”. Mientras tanto, los familiares y defensores de derechos humanos han intensificado sus esfuerzos para exigir la liberación de los prisioneros, denunciando que muchos de ellos están incomunicados y carecen de acceso a una defensa adecuada, además de sufrir condiciones inhumanas de reclusión.
La Oficina de Derechos Humanos de la Universidad Los Andes (ODH-ULA) expresó su “profunda preocupación” por el incremento de la represión estatal y la persecución política, señalando que se criminalizan supuestos delitos como “terrorismo, incitación al odio, traición a la patria, conspiración y resistencia a la autoridad”.
