La diputada nacional Patricia Vásquez del PRO ha presentado un proyecto de Ley que busca declarar la Emergencia en Seguridad Vial en Argentina por un período de un año. Esta iniciativa tiene como objetivo no solo mejorar la fiscalización de las normas de tránsito, sino también crear conciencia entre los ciudadanos, tanto automovilistas y motociclistas como peatones, sobre la importancia de respetar las normas de circulación establecidas en la Ley Nacional de Tránsito 24.409.
En un diálogo con Infobae, Vásquez expresó: “Hace más de diez años padecemos miles de muertes al año sin haber bajado ni un solo índice de siniestralidad, a pesar de tener un presupuesto de 30 millones de dólares en la Agencia y, sin embargo, no hemos generado ningún cambio, ninguna mejora que evite esas muertes”.
La propuesta de emergencia en seguridad vial incluye la asignación de recursos para generar un plan que reduzca la siniestralidad, fortaleciendo y reforzando los controles presenciales. Además, se plantea la implementación de un sistema de scoring a nivel nacional, que lleva 16 años esperando su ejecución. Vásquez, quien también es una de las principales impulsoras de una profunda reforma en el registro de automotores a través de los Registros de Propiedad Automotor, detalló que el proyecto contempla la creación de un fondo donde el 100% de los montos recaudados se destinen a obras de infraestructura, educación vial y asistencia a siniestros viales.
Para lograr esto, la diputada subrayó que es necesario “cortar el curro de universidades y empresas intermediarias que se llevan el 50% -y en algunos casos aún más- de la recaudación por infracciones”. La situación actual no es nueva, ya que existe un déficit en el control dinámico del tránsito y una deficiencia general en la rigurosidad de los conocimientos requeridos al momento de otorgar la licencia habilitante para conducir vehículos motorizados.
Sin embargo, la intención recaudatoria en muchas rutas del país se oculta detrás de una señalización preventiva inadecuada para los automovilistas. En realidad, el criterio para establecer zonas de reducción de velocidad es incomprensible, lo que lleva a muchos automovilistas a “caer en trampas” que generan cambios inesperados en la velocidad máxima, generalmente a través de cámaras móviles colocadas estratégicamente después de la señalización.
Para solucionar este problema, el proyecto incluye un “relevamiento y corrección de las velocidades máximas exigidas a nivel nacional, con el fin de ajustar las mismas a circunstancias razonables y adecuadas, evitando disposiciones que puedan ocasionar colisiones de acuerdo al lugar de tránsito”, según se detalla en el texto de la norma propuesta.
La labor de la ley complementará la instación a municipios, provincias y la CABA para que tomen medidas. Vásquez enfatizó que “es importante que la ley sea de orden público para terminar con la dispersión de normativas provinciales y municipales, manteniendo una unicidad jurídica para el ciudadano que esta impone”.
“Se debe pasar de un esquema recaudatorio a una verdadera política de prevención vial: las fotomultas dejan de ser el único elemento de constatación de faltas y solo deben ser un auxiliar de apoyo que, como indica el artículo 70, tiene como objetivo hacer cesar la conducta infractora”, agregó Vásquez.
En el interior del país, especialmente en las vías de comercio internacional hacia destinos turísticos, se suelen encontrar situaciones de extremo peligro debido a que repentinamente se marcan límites de velocidad que deben ser cumplidos, obligando a los conductores a frenar de manera abrupta.
Por ejemplo, en la ruta 14 en dirección norte, al llegar a la zona de acceso a Bonpland, en la provincia de Corrientes, un distribuidor obliga a los vehículos a reducir la velocidad de 120 a 80 km/h. Esta reducción se sostiene por unos 2.000 metros hasta que finaliza el cartel que habilita nuevamente una velocidad máxima de 100 km/h. Sin una señalización adecuada, los conductores se ven obligados a frenar repentinamente cuando aún están acelerando, lo que exige maniobras para evitar infracciones.
Un empresario del transporte de carga, cuya flota recorre la ruta que une Buenos Aires con los pasos fronterizos de Misiones, explicó que, aunque este es un caso testigo a nivel nacional, históricamente ha existido una polémica sobre la necesaria “adecuación de las leyes locales a los preceptos de la Ley 24.449”, buscando una mejor integración y desarrollo a nivel global, evitando arbitrariedades que la legislación municipal y provincial impone y que desconocen las jurisdicciones.
