Piden reabrir investigación contra Piñera por documento clave no considerado

Las revelaciones que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con los “Pandora Papers” golpeó al Presidente Sebastián Piñera, debido al acuerdo que realizó su familia con Carlos Délano para concretar la compraventa de Minera Dominga, negocio que en su momento motivó una investigación.

El Gobierno salió a respaldar al mandatario, afirmando que no había información nueva en esta materia. Pero hay un dato que permitiría reabrir la investigación contra Piñera en la Fiscalía.

Según reportó La Tercera, en la primera investigación comandada por el entonces fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, sólo se encontró un preacuerdo en español del contrato de compraventa de las familias de Carlos Délano y Piñera. Mismo contrato que luego se selló en las Islas Vírgenes Británicas.

Al contrastar esta información con el contrato filtrado en los “Pandora Papers”, la cláusula que estuvo a la vista de la Fiscalía en 2017 sería similar, pero no idéntica a la revelada en la reciente filtración.

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En la reapertura se podría indagar una arista distinta, ya que se puede incluir en la investigación si Piñera realizó u omitió alguna obligación en su calidad de funcionario público.

Eso con respecto a declarar o no la zona en que se construiría Dominga como zona de exclusión, tal como lo requirió el documento firmado en el exterior por ambas familias, y que era una de las condicionantes para realizar el tercer pago. Es decir, una arista penal por eventual cohecho.

Fiscalía y abogado de Piñera se refieren a la investigación

Desde la Fiscalía se limitaron a señalar que la revisión de antecedentes continúa, “pues aún restan aspectos por revisar”. Y agregaron que el fiscal nacional, Jorge Abbott, aún no define si abrirá una investigación de oficio.

En tanto, a través de un comunicado, el abogado de Piñera, Juan Domingo Acosta, insistió en la tesis de que todos los antecedentes estaban en conocimiento de la Fiscalía en la investigación del llamado caso Exalmar-Dominga.

“El documento dado a conocer por ICIJ, es sólo la materialización efectiva del negocio acordado formalmente mediante el contrato denominado ‘Acuerdo’, de tal forma que la cláusula de saldo de precio es una mera transcripción de la existente en dicho documento”, aseguró Acosta.

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“No se puede alegar que la referida cláusula en la compraventa hubiera sido desconocida para el Ministerio Público o no hubiere formado parte de la investigación ni hubiese sido revisado, toda vez que la misma estaba incluida en el documento denominado ‘Acuerdo’. Por lo tanto y como puede comprobarse de la carpeta investigativa correspondiente, este antecedente efectivamente formó parte de la investigación Exalmar-Dominga, causa que se encuentra terminada mediante sobreseimiento definitivo”, agregó.

Según el abogado, dicho documento “firmado por todos los comparecientes, da cuenta de la totalidad de los términos y condiciones relevantes de la venta a Inmobiliaria Duero Limitada de la totalidad de derechos sociales en Andes Iron Limitada, entre otros derechos y acciones, estableciendo la oportunidad, precio y forma de pago aplicables a la transferencia del Proyecto Dominga“.