La ONG Súmate, fundada por María Corina Machado, ha denunciado que la Justicia venezolana, alineada con la dictadura de Nicolás Maduro, ha ordenado iniciar un juicio contra su coordinadora, Nélida Sánchez, basándose en un acta que consideran “forjada”. En un comunicado emitido, la organización señaló que esta decisión se produce 76 días después de la detención de la activista, quien se encontraba realizando tareas de formación ciudadana y electoral. La ONG indicó que el juez del Tribunal Tercero de Control con Competencia en Terrorismo ha decidido dar curso al proceso y mantener los cinco delitos de los que se acusa a Sánchez, afirmando que esto “violó derechos constitucionales de defensa y debido proceso”. Además, la acusación se basa en un informe policial del SEBIN, que, según la organización, incurre en un “vicio de falso supuesto”.
Denuncia de irregularidades en el proceso judicial
La ONG Súmate también acusó al magistrado de haber “desestimado sin justificación los argumentos presentados públicamente”, así como los informes policiales que justifican la situación de su coordinadora, argumentando que los hechos no corresponden a la verdad. En su comunicado, exigieron que se declare “nula la prueba presentada, así como todos los actos procesales que tengan fundamento en ella”.
Rechazo a la situación de Nélida Sánchez
El comunicado expresa el rechazo y repudio a esta nueva acción judicial, que, según la ONG, “incrementa el desasosiego, angustia y dolor” de la compañera detenida y su familia, quienes están atravesando un “viacrucis inmerecido e injusto”. La organización insistió en que el Estado debe garantizar a su compañera el goce del ejercicio de lo establecido en el artículo 19 de la Constitución de la República, que incluye la libertad personal, y que no se le puede considerar un delito ni causa de enjuiciamiento.
Contexto de la detención
La detención de Nélida Sánchez ocurrió el pasado 26 de agosto, en el marco de la represión post electoral desatada en Venezuela. Según la información proporcionada por la ONG, fue secuestrada por funcionarios del SEBIN y llevada a la sede regional del organismo en Los Teques, para posteriormente ser trasladada al Helicoide. Todo este proceso se desarrolló en un lapso de cuatro días, durante los cuales su familia y equipo fueron notificados sobre su situación.
Desde su detención, Nélida Sánchez ha estado recluida en condiciones que no cumplen con los requerimientos de salud, dado que padece de enfermedades como afección cardíaca, fibromialgia y asma, lo que podría representar un riesgo para su bienestar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares el 7 de septiembre, exigiendo a las autoridades que adopten las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal y revertir la situación. En un comunicado, la CIDH advirtió que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable en Venezuela”. Además, señalaron que esta situación tiene como objetivo “intimidar a la propuesta beneficiaria, obstaculizando sus labores en derechos humanos”.
