
El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha cuestionado la decisión de la ministra de Defensa, Maya Fernández, de ejercer su derecho a guardar silencio durante su comparecencia ante el Ministerio Público, en relación con la fallida venta de la casa del ex presidente Salvador Allende a Bienes Nacionales. Valencia, quien participó en la promulgación de la ley que establece el Ministerio de Seguridad, afirmó que “guardar silencio no es una forma de colaborar, pero la declaración de un imputado no es una diligencia e investigación, sino que es propiamente un derecho, es el derecho de una persona que está siendo investigada”.
Contexto de la venta de la casa de Allende
La controversia gira en torno a la fallida compra de la casa de Salvador Allende, un asunto que ha generado diversas reacciones y declaraciones de figuras políticas. El ministro Figueroa se refirió a la situación como “una desprolijidad mayúscula” y mencionó que “el presidente decidió cortar el hilo por lo más grueso”.
Declaraciones de Marcela Sandoval
La ex ministra Marcela Sandoval también ha declarado en relación con la fallida venta, indicando que su intención es “esclarecer los hechos”.
Silencio de la senadora Isabel Allende
En un giro similar, la senadora Isabel Allende optó por guardar silencio ante la Fiscalía en el contexto de la fallida compra de la casa de su padre, lo que ha suscitado comparaciones con la decisión de Maya Fernández.
Derechos de los imputados
Valencia subrayó que la decisión de cooperar o no en la investigación penal, así como la decisión de prestar declaración, es un derecho que corresponde al imputado y su defensa. “En consecuencia, si va a cooperar o no cooperar en esa investigación penal, si se va a prestar declaración o no se va a prestar declaración como medio de defensa, es una decisión que le corresponde al imputado, a su defensa y no prosigue el Ministerio Público a emitir una opinión sobre el particular”, afirmó el jefe de la Fiscalía Nacional.
Colaboración del Gobierno
La vocera del Gobierno, Aisén Etcheverry, enfatizó que el Ejecutivo ha colaborado en las diversas aristas del caso, incluyendo la situación de Maya Fernández. Etcheverry declaró que “en el caso de la fallida adquisición de la casa del ex presidente Salvador Allende hubo errores, hubo cosas que no debieron hacerse de la forma en cómo se hicieron y en base a eso se han hecho valer responsabilidades políticas”.
Además, mencionó que se está llevando a cabo un sumario administrativo y que la Fiscalía está revisando el tema, mientras que el Tribunal Constitucional también está involucrado en el proceso. “La Fiscalía ha estado conversando y visitando distintas reparticiones de Gobierno. Eso es el actuar del Gobierno y lo que seguiremos haciendo en la lógica de colaborar con esta materia”, aseguró Etcheverry.
Derechos de los citados a declarar
La vocera recordó que, como lo mencionó el propio fiscal, el derecho personal de cada persona citada a declarar es algo que cada uno revisa con su abogado. “Es un derecho y por lo tanto todos tienen el derecho, valga la redundancia, a ejercerlo”, afirmó.
Etcheverry concluyó que “el Gobierno está colaborando en cada uno de los requerimientos de la Fiscalía, ya sea con información, con reuniones, explicando procesos, asistiendo a la Fiscalía en la comprensión de las distintas instancias donde se toman estas decisiones y eso es algo que vamos a continuar haciendo”.