El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha decidido presentar dos querellas criminales relacionadas con las investigaciones penales que lleva a cabo el Ministerio Público sobre los casos denominados Convenios y Audios.
Querellas en el caso Convenios
Una de las acciones legales se centra en la arista Democracia Viva del caso Convenios, que involucra a la diputada Catalina Pérez, quien renunció al Frente Amplio en noviembre del año pasado. Esta querella se presenta por el delito de fraude al Fisco. La Corte de Apelaciones de Antofagasta revisará el próximo 10 de febrero la solicitud de desafuero que ha sido solicitada por la Fiscalía en contra de la parlamentaria, en la que también participará el CDE.
Se le atribuye a la diputada Pérez una supuesta responsabilidad en los presuntos delitos de fraude al Fisco, que derivan de la firma de convenios millonarios en 2022 entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva. En este contexto, ya han sido formalizados su expareja y exrepresentante de la fundación, Daniel Andrade, así como el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.
Investigación en el caso Audios
En relación con el caso Audios, la acción penal se dirige contra el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por su posible responsabilidad en la divulgación de información que está protegida por el secreto establecido en el artículo 38 de la Ley 20.000. El fiscal Palma fue apartado del Ministerio Público en septiembre de 2024, tras la revelación de una serie de chats con el abogado Luis Hermosilla, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por el caso Audios, mientras competía por un puesto en la Fiscalía Nacional.
En la actualidad, el fiscal está siendo investigado por omisión de denuncia en el contexto de las conversaciones que mantuvo con Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, durante su postulación para liderar el Ministerio Público. Además, se le investiga por violación de secreto, debido a la entrega de información a Hermosilla en una causa relacionada con tráfico de drogas.
Desde el Consejo de Defensa del Estado se ha indicado que las decisiones adoptadas se fundamentan en los antecedentes que han sido revisados hasta la fecha en las carpetas investigativas correspondientes a cada caso.
