
Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), al que tuvo acceso Mega Investiga, ha revelado una serie de irregularidades en la gestión de las listas de espera quirúrgicas en 8 de los 24 hospitales que fueron fiscalizados. Este informe pone de manifiesto que el sistema ha priorizado a funcionarios y a sus familiares que están incorporados en la Lista de Espera No GES, en detrimento de pacientes que han estado esperando atención durante años. La Comisión Especial Investigadora del organismo evidenció que los tiempos de espera para este grupo privilegiado son significativamente menores, lo que se atribuye, en parte, a la falta de un manual o protocolo de gestión de usuarios.
Hospitales involucrados
Entre los hospitales que se destacan en el informe se encuentran San José de Osorno, Ancud, Angol, La Florida, Ovalle, Padre Hurtado, San Borja y Talca. Las auditorías realizadas por la Contraloría tuvieron como objetivo principal evaluar la gestión de las listas de espera quirúrgicas No GES y las prestaciones entregadas durante el período que abarca desde enero de 2023 hasta marzo de 2024.
Hallazgos en el Hospital Padre Hurtado
La revisión del Hospital Padre Hurtado reveló que se realizaron 53 cirugías a funcionarios del establecimiento y 182 a familiares directos. Estas intervenciones quirúrgicas se llevaron a cabo en plazos de cinco días o menos, lo que contrasta notablemente con los 1.881 días que algunos pacientes regulares tuvieron que esperar para procedimientos similares. El informe destacó que no existían criterios médicos ni administrativos claros que justificaran la prioridad otorgada a funcionarios y familiares. Además, se encontró que estos casos se registraron de manera separada de las listas generales, lo que dificultó un seguimiento transparente.
Como parte de las medidas correctivas, la Contraloría solicitó al hospital que, en un plazo de 15 días hábiles desde la entrega del informe, iniciara un procedimiento disciplinario para investigar las irregularidades detectadas en la priorización de cirugías y determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
Irregularidades en el Hospital de Ancud
En el caso del Hospital de Ancud, se identificaron 167 cirugías realizadas a familiares de funcionarios, las cuales presentaron tiempos de espera notablemente inferiores al promedio general. Por ejemplo, el hijo de un funcionario fue sometido a una orquidopexia en solo 11 días, mientras que el promedio general para pacientes regulares era de 216 días. En otro caso, un tío recibió tratamiento por contractura de Dupuytren en 75 días, en comparación con un promedio de 743 días. La Contraloría ordenó al recinto asistencial que actualizara los criterios de priorización de las listas de espera para alinearse con las normas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales (SUBREDES), lo que incluye implementar un método de selección que evalúe la pertinencia, priorización y asignación de atenciones quirúrgicas.
Problemas en la gestión de listas de espera
Otras observaciones realizadas por el ente fiscalizador en la gestión de las listas de espera quirúrgicas y de consultas No GES en los hospitales fiscalizados revelaron problemas fundamentales en el manejo y registro de pacientes. Una de las principales observaciones fue la falta de integración y fiabilidad en los sistemas de gestión. En algunos hospitales, se encontraron miles de casos que no estaban registrados en el Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE), lo que dejó a estos pacientes fuera del seguimiento oficial a nivel nacional. Esto dificultó la planificación adecuada de las intervenciones médicas y expuso a los pacientes a largos periodos de espera sin soluciones claras.
Además, se identificaron discrepancias significativas entre los sistemas locales y el SIGTE, incluyendo duplicaciones, egresos sin justificación válida y datos erróneos, como el uso de identificaciones inválidas o inexistentes. En el mismo marco, se constató que los plazos de espera en algunos hospitales superaron los cinco años, especialmente para pacientes clasificados con prioridades bajas. Por otro lado, el manejo de los egresos de las listas de espera fue un foco de crítica, ya que en varias auditorías se descubrieron casos de pacientes retirados por causales que no cumplían con los requisitos establecidos. Por ejemplo, se documentaron casos donde pacientes fueron eliminados bajo la causal de ‘fallecimiento’ a pesar de que seguían vivos, según lo corroborado con el Registro Civil.
Deficiencias operativas en los hospitales
Sumado a esto, se detectaron deficiencias operativas que contribuyeron a la ineficiencia en la atención. En varios recintos hospitalarios, los pabellones quirúrgicos no contaban con las condiciones mínimas para realizar procedimientos, lo que impactó en la programación de cirugías. Esto generó retrasos significativos en el inicio de los procedimientos quirúrgicos, con demoras que variaban entre 10 minutos y hasta casi 3 horas.
Declaraciones de autoridades
En conversación con Mega Investiga, el diputado del Partido Radical y presidente de la Comisión Investigadora sobre listas de espera, Tomás Lagomarsino, explicó que existe una falla estructural en el sistema de manejo de listas de espera que permite a los directivos privilegiar a sus familiares para la resolución de atenciones y cirugías en el sistema público de salud, saltándose las listas de espera. Cada hospital tiene prácticamente un sistema diferente de manejo de listas de espera que es distinto al nacional; los hospitales tienen desarrollos propios, realizados por empresas externas a las que habitualmente les compran los softwares, o tienen un sistema que se creó hace algunos años, el Sistema de Información de Redes Asistenciales (SIDRA).
De acuerdo con la exposición de la contralora Dorothy Pérez, se precisó que “la serie de irregularidades y desprolijidades que se reflejan claramente en estos informes y que se mantienen respecto a informes similares del año 2020 y 2019 y para atrás no ha cambiado nada en Chile, nada”. La contralora señaló que este problema se ha extendido por años, al menos 15 años, en los cuales se ha tenido un sistema desprolijo de manejo de listas de espera.
Interpelación a la ministra de Salud
Dado a las numerosas irregularidades detectadas, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados la interpelación a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien se refirió a la gestión de las listas de espera y los casos donde funcionarios y sus familiares habrían recibido prioridad para cirugías. Durante la sesión, la ministra aseguró que ya se están tomando medidas administrativas y correctivas, aunque las investigaciones siguen en curso. Además, explicó que las fallas en los registros hospitalarios se deben a problemas en los sistemas de contabilización, los cuales están siendo corregidos. En esa línea, precisó: “Hemos estado encima de cada una de estas situaciones y hemos hecho valer la responsabilidad administrativa, a pesar de que todavía no se terminan las investigaciones por la gravedad de las acusaciones que hizo la Contraloría en su informe. Así que, esas responsabilidades ya se asumieron desde el punto de vista de las autoridades”.
La ministra enfatizó que “es raro que existan tantas irregularidades como faltas a la probidad” e informó que instruyó el nombramiento de un fiscal del ministerio para el seguimiento de estos casos. También se refirió al trabajo realizado en la reducción de tiempos de espera y detalló que, gracias a la reactivación de la red asistencial, el tiempo para una consulta de nueva especialidad se ha reducido en 96 días: de 353 días en 2021 a 257 en 2024. En cuanto al porcentaje de suspensión de cirugías, declaró que: “Nosotros hemos realizado 1 millón de cirugías en el año, y ciertamente que las suspensiones deberían tender a cero, pero estamos en una proporción de suspensiones que es bajo.”