En seis años Carabineros destinó $160 millones para defender a funcionarios

Actualmente, la Dirección de Justicia de la policía uniformada representa legalmente a 895 funcionarios activos y uno en retiro.

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Carabineros de Chile ha desembolsado 160 millones de pesos para defender a funcionarios de sus filas involucrados en causas judiciales en los últimos seis años, de acuerdo a información obtenida vía Transparencia por el Área de Reportajes de BioBioChile.

El considerable aumento de las causas judiciales que pesa sobre la Institución, se debe principalmente a su accionar durante el estadillo social. De hecho, Carabineros concentra el 93 por ciento de las 2.520 querellas ingresadas por el INDH a raíz de violaciones a los derechos humanos.

Esta situación generó que el presupuesto total de la Dirección de Justicia aumentara en un 117,5 por ciento entre 2019 y 2020,  también impulsó un convenio con la Defensoría Penal Pública, y el seguro de defensa jurídica -impulsado por el Gobierno- que permitirá a los uniformados contratar a su propio representante.

En el detalle, durante el año 2015 Carabineros destinó poco más de $30 millones en gastos de defensa judicial. Al año siguiente, 2016, la cifra aumentó considerablemente debido a que se destapó el llamado “Pacogate”, es por eso que se destinaron $43 millones.

Desde entonces, este gato venía a la baja, siendo $28,7 millones en 2017; $16,2 millones en 2018; y $13,4 millones en 2019. Sin embargo, todo cambió durante el estallido social, así que en 2020 el presupuesto destinado para defender a funcionarios ante la justicia se nuevamente aumentó y llegó a los $29,2 millones.

Adicional al aumento del presupuesto destinado a la defensa de los uniformados, al convenio con la Defensoría Penal Pública y a la posibilidad de que contraten su propios abogados particulares, se suman los seguros de defensa jurídica que podrá contratar la Dirección de Bienestar de Carabineros, tras la aprobación de la Ley de Reajuste al Sector Público en el Congreso.

Una especia de “resguardo legal” que tendrán los funcionarios activos para contar con una “defensa jurídica con motivo del desempeño de las funciones del personal con cargo al patrimonio señalado en el artículo 2 de esta ley”, señala el documento.

“Los referidos seguros se contratarán respecto del personal que se encuentre en servicio activo y su vigencia podrá extenderse incluso después de dicho período en las condiciones que se establezcan en la respectiva póliza”, precisa el cuerpo legal.

Además, señala que el beneficio será licitado y podrá ser contratado de manera voluntaria por parte de los efectivos policiales.


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