El Ministerio Público de Bolivia ha anunciado que solicitará la detención preventiva del expresidente Evo Morales por un periodo de seis meses, en el marco de una investigación por el delito de trata de personas que se ha iniciado en su contra. Esta información fue proporcionada el lunes por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Detalles de la acusación
Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Sucre, que es la capital constitucional de Bolivia y sede del poder judicial, Mariaca confirmó que la Fiscalía Departamental de Tarija ha presentado una acusación formal contra dos individuos, entre ellos Morales, por el delito de trata de personas agravado.
El fiscal general indicó que se está solicitando la medida excepcional de detención preventiva por un periodo de seis meses en una cárcel pública. Además, mencionó que se espera que un juez cautelar determine la fecha para la audiencia en la que se solicitará esta medida.
Mariaca también destacó que la ejecución de un mandamiento de aprehensión es responsabilidad de la Policía, que deberá explicar “en qué momento ejecutarán o por qué no se hubiera ejecutado” la orden de captura emitida contra el exmandatario.
Imputación formal y contexto de la denuncia
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que se ha presentado una imputación formal contra Evo Morales Aima y Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, por el delito de trata de personas agravado. Gutiérrez indicó que están a la espera de que el juez cautelar fije la fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares.
Según la denuncia, Morales habría incurrido en los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo. Esta menor habría pertenecido a un grupo político juvenil que fue creado por el exmandatario durante su tiempo en la presidencia.
Además, el proceso judicial señala que los padres de la supuesta víctima se habrían beneficiado económicamente al entregarla a Morales a cambio de “favores”.
Gutiérrez también mencionó que se ha solicitado una alerta migratoria para Morales y Pozo.
Orden de aprehensión y reacciones
La fiscal indicó que una orden de aprehensión contra Morales fue emitida el 16 de octubre, pero no ha podido ser ejecutada por diversas razones, como se detalla en “muchos informes” recibidos de la Policía, que reportan que no ha sido posible localizar al exmandatario.
Cuando se emitió la orden de captura, los seguidores de Morales llevaron a cabo bloqueos de carreteras durante 24 días, especialmente en el centro del país, como una forma de defensa hacia él. Esta situación fue una de las razones por las cuales la Policía no pudo ingresar al Chapare, que es considerado un bastión político y sindical de Morales.
Otras denuncias y contexto político
Aparte del proceso en Tarija, en la región central de Cochabamba existen otras siete denuncias por presuntos abusos a menores en contra de Morales. Además, el mes pasado se conoció que se ha abierto una investigación penal al exmandatario en Argentina por supuesta trata de personas y abuso sexual.
Morales residió en Argentina durante un año tras la crisis social y política de 2019, cuando renunció a la presidencia alegando ser víctima de un supuesto golpe de Estado, en medio de acusaciones de fraude electoral en los comicios generales de ese año.
Las investigaciones en curso contra Morales por trata de personas y estupro se desarrollan en un contexto de enfrentamiento con el Gobierno de Luis Arce, en relación al control del Movimiento al Socialismo (MAS) y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones de 2025.
