El 7 de octubre, el Ministerio de Hacienda realizó un retiro de US$ 1.000 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) para financiar el presupuesto del Estado durante el resto del año. Este movimiento ha llevado a que los ahorros fiscales se encuentren en un nivel que no se había visto desde la pandemia, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre el uso de estos recursos por parte del Ejecutivo, dado que no se está enfrentando a una crisis económica en este momento.
A septiembre, el último dato oficial disponible, el FEES acumulaba activos por US$ 4.763 millones. Con el reciente retiro, el fondo se ha reducido a aproximadamente US$ 3.700 millones. Al inicio del actual Gobierno, los ahorros del FEES alcanzaban un total de US$ 8.148 millones. Expertos han expresado su preocupación, señalando que esta disminución de los ahorros deja a la economía en una situación de mayor vulnerabilidad frente a posibles shocks, tanto internos como externos. En este contexto, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que “en la actualidad el país cuenta con una menor capacidad fiscal para enfrentar crisis económicas en comparación con los últimos 15 años, lo que subraya la urgencia de estabilizar la deuda bruta y recomponer el FEES”.
El FEES fue creado en marzo de 2007 con el objetivo de ahorrar superávits en períodos de bonanza y financiar déficits fiscales o realizar amortizaciones de la deuda pública cuando fuera necesario. Este fondo busca mitigar el impacto de las fluctuaciones económicas y la volatilidad de los ingresos en el gasto fiscal. Durante sus 17 años de existencia, los mayores aportes al FEES se registraron en 2007 y 2008, durante el auge de los precios del cobre, alcanzando más de US$ 20.000 millones en acumulación. Por otro lado, los mayores retiros se realizaron durante la crisis financiera de 2009, cuando se utilizaron más de US$ 9.000 millones, así como en 2019 tras el estallido social, con más de US$ 2.000 millones retirados, y en 2020 y 2021, durante la pandemia de Covid-19, cuando se retiraron casi US$ 10.300 millones.
En relación a la creciente fragilidad del fondo, el CFA ha sugerido que el Ministerio de Hacienda presente un plan para recomponer el FEES, lo que podría incluir la generación de superávits fiscales o la conversión de activos ilíquidos en activos líquidos del Tesoro Público. Esta última opción implicaría la venta de activos fiscales, como bienes inmuebles o participaciones en empresas públicas, con el fin de ahorrar esos recursos en el fondo. Aunque el CFA no ha identificado activos específicos para liquidar, ha recomendado que Hacienda evalúe esta opción como una forma de acelerar la reconstrucción del FEES mientras se generan superávits a mediano plazo.
Algunos analistas han señalado que la recomendación del CFA podría requerir un plan nacional para la venta de terrenos fiscales o participaciones significativas en empresas públicas, lo que debería ser precedido por un estudio exhaustivo del costo de oportunidad de dichas ventas. El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, ha indicado que la venta de activos es una opción viable. “Por ejemplo, un futuro Gobierno debería evaluar seriamente que el Estado se quedará con una participación minoritaria en los proyectos de los salares y/o vender una parte del valor presente de los flujos futuros esperados de la explotación del litio -que hoy son hasta US$ 50.000 millones– para capitalizar el FEES”, ha propuesto. Acevedo también ha mencionado que esto liberaría al Estado de compromisos de recursos que podría demandar la explotación de los salares en el futuro.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda tiene un plan diferente. En el marco del acuerdo con la Comisión Mixta de Presupuestos, para desbloquear el proyecto de Presupuesto 2025, la cartera dirigida por Mario Marcel propuso que para realizar retiros superiores al 0,3% del PIB en un año, se deberá solicitar autorización al Congreso. Además, se incluyó una indicación en el presupuesto para que los recursos resultantes de la optimización del manejo de caja de los servicios públicos sean “incorporados gradualmente en los activos financieros del Tesoro, de tal manera que, desde allí puedan contribuir a la recapitalización del FEES”. Estos recursos provienen de los fondos que los servicios tienen “empozados” en sus cuentas corrientes y que no han sido utilizados.
Consultada la Dipres sobre si se estimó la posible recaudación de esta medida, no hubo respuesta. Sin embargo, durante el Gobierno anterior se implementó una estrategia similar en 2020, cuando la Dipres logró recaudar US$ 1.600 millones de los servicios en una sola ocasión.
Una tercera opción que mencionan los expertos para acumular recursos sin depender de superávits es la emisión de deuda. Esta estrategia fue utilizada en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. En 2022, tras haber utilizado una parte significativa del FEES debido a la crisis de la pandemia, el fondo cayó a menos de US$ 2.500 millones al cierre de 2021. En el año siguiente, Hacienda, bajo la dirección de Rodrigo Cerda, emitió deuda y realizó aportes por casi US$ 6.000 millones, lo que permitió que el fondo se elevara nuevamente a US$ 8.148 millones.
Los críticos de esta forma de ahorro señalan el costo financiero que implica, dado que Chile debe endeudarse en los mercados a tasas equivalentes a los bonos del Tesoro de Estados Unidos más un spread, mientras que los ahorros se invierten principalmente en bonos del Tesoro, generando un interés menor al costo de la deuda. Por otro lado, quienes defienden esta estrategia argumentan que es similar a tener “un seguro”, que, aunque tiene un costo, es útil para enfrentar crisis. El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien también utilizó esta fórmula, sugiere que a partir de 2025 se debería emplear parte del espacio de endeudamiento solicitado en el presupuesto para comenzar a recomponer el FEES.
Cualquiera de las estrategias que se implementen para la recomposición del FEES requerirá tiempo para alcanzar niveles óptimos. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el fondo debería mantener acumulados entre el 5% y el 7% del PIB a mediano plazo, lo que actualmente equivale a entre US$ 15.000 millones y US$ 21.000 millones, niveles que están muy por encima del 1,1% del PIB que se espera para finales de 2024.
