La Fundación Iguales expresó su decepción e inquietud respecto al desempeño de la Comisión Especial Investigadora CEI57, que se encarga de evaluar los programas de acompañamiento a la identidad de género. La fundación sostiene que, en la última sesión de la comisión, fueron excluidos de la oportunidad de presentar su perspectiva, lo que consideran un hecho grave, dado que está en juego la libertad de los jóvenes y sus familias para decidir el mejor camino a seguir en sus vidas, con el apoyo de médicos y terapeutas.
Según María José Cumplido, directora ejecutiva de la organización, la comisión ha mostrado una “preocupante falta de rigor y profesionalización” en su enfoque hacia estos temas. Cumplido argumenta que, en lugar de fomentar un espacio de discusión técnica fundamentado en evidencia científica y la experiencia de expertos, se observa que “algunos diputados eluden su deber de informarse adecuadamente y prefieren recurrir a visiones ideológicas, dejando de lado las necesidades y los derechos de cientos de personas en situación de vulnerabilidad”.
Cumplido advirtió sobre las posibles consecuencias de esta situación, señalando que “la amenaza es que las familias queden sin apoyo especializado para ser parte del proceso de sus hijos, que los jóvenes pierdan acceso a la orientación y tratamientos que requieren, y que médicos y terapeutas no puedan ejercer su práctica siguiendo los estándares internacionales”.
Última sesión de la Comisión Especial Investigadora CEI57
En la última sesión de la Comisión Especial Investigadora CEI57, la directora ejecutiva de la fundación mencionó que esperaban poder exponer ante las autoridades, pero no se les permitió hacerlo. Esto, según Cumplido, no solo refleja una falta de apertura, sino un “sesgo que insiste”.
“Esperábamos que pudiese exponer nuestra directora, Alessia Injoque, quien es activista trans y experta en la materia, pero finalmente no se lo permitieron. Tampoco expuso ninguna organización que centre su trabajo en la población trans”, afirmó María José Cumplido.
La representante de la fundación también destacó que no solo se excluyó a organizaciones de la sociedad civil especializadas, sino también a personas que han participado en el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y a aquellos que han realizado una transición con apoyo psicosocial experto.
Cumplido concluyó que “la comisión ha optado por cerrar las puertas a un diálogo cívico y democrático. Sin la presencia de voces informadas y especializadas, el debate se reduce a un ejercicio retórico, alejado de la realidad de quienes sufren los efectos de la discriminación”.
Finalmente, la directora ejecutiva de la fundación hizo un llamado a la responsabilidad cívica y profesional de la comisión y de sus miembros, instándolos a reconsiderar su enfoque y a buscar abrir espacios donde el conocimiento técnico y la perspectiva de derechos humanos sean la base de las decisiones que impactarán a la sociedad.
