El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, criticó duramente el proyecto que, en Comisión de Derechos Humanos, avanzó este lunes para ser discutido en la sala de la cámara de Diputados.
Por 3 votos a favor y 2 en contra, el proyecto que busca el indulto humanitario para los detenidos durante el “estallido social”, fue aprobado en general para ser discutido en el Cognreso.
Frente a esto, Bellolio aseguró que el proyecto está diciendo “que cabe la violencia, que no importa que hayan sanciones de los tribunales de justicia (…) incendiar, quemar buses, quemar los centros de las ciudades, saquear, intentar asesinar a otras personas, en el fondo, tiene que quedar en la impunidad”.
También enfatizó que el presidente ya había anunciado que si este proyecto avanzara “lo vetaría”. Agregó que sería un veto para “proteger la democracia” ya que atenta, en su opinión, “contra el Estado de Derecho”.
Esta lunes, la Comisión de Derechos Humanos del Senado votó a favor la idea de legislar en sala el proyecto que busca dar un indulto por razones humanitarias a aquellas personas detenidas y formalizadas en el marco del estallido social, a partir del 18 de octubre de 2019.
Por 3 votos a favor y 2 en contra, ahora el debate pasará a la sala de la cámara para determinar la eventual libertad por razones humanitarias para quienes fueron detenidos desde octubre de 2019 en el marco de las protestas a nivel nacional. A favor votaron Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Juan Ignacio Latorre; en contra votaron Felipe Kast e Iván Moreira).
Durante la jornada, y mientras los parlamentarios discutían la iniciativa, un grupo de manifestantes llegó hasta La Moneda y hasta el Congreso, en Valparaíso, para exigir la liberación de los detenidos, convocatorias que se han repetido durante los últimos meses, pese a la pandemia por el covid-19.
Las senadoras Adriana Muñoz (PPD), Isabel Allende (PS) y Yasna Provoste (DC), impulsoras de la iniciativa, apuntaron que “debemos comprender la situación de cientos de adultos y jóvenes, que se encuentran privados de libertad, imputados por eventuales delitos cometidos en contexto de manifestaciones, durante o posteriormente al estallido social, y que han sufrido el uso excesivo y desproporcional de la prisión preventiva, mientras sus juicios son aplazados”.
“Es necesario entender que sus eventuales delitos, fueron cometidos en un marco de violaciones graves a los derechos humanos, donde la población civil sufrió graves secuelas; tal como ha quedado registrado por diversos informes internacionales y que vienen a ratificar la vulneración a la integridad de algunos detenidos, existiendo diversas querellas por apremios ilegítimos en curso”, concluyeron.
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