Este lunes, los diputados del Partido Republicano presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) solicitando la destitución de la senadora socialista Isabel Allende. La acción judicial se fundamenta en el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado. La controversia surgió tras la revelación de que la senadora, en representación de su familia, firmó un contrato con Bienes Nacionales para la venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Aunque la compraventa no se concretó, los republicanos sostienen que la mera firma del documento constituye una infracción grave.
Detalles del requerimiento
El diputado Luis Fernando Sánchez, uno de los principales impulsores del requerimiento, calificó los hechos como “un escándalo” y afirmó que tanto la senadora como la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien también está involucrada en la controversia, deben dejar sus cargos. Según lo reportado por La Tercera, Sánchez expresó: “Lo que procede es que ambas autoridades salgan a la brevedad. No podemos permitir que algo así quede impune”.
El equipo legal detrás del requerimiento
El documento que se presentó ante el TC fue elaborado por el abogado Emiliano García, quien contó con el apoyo de la constitucionalista Jesica Torres. Ambos profesionales ya habían participado en el intento de destitución del exdiputado Hugo Gutiérrez en el año 2020. El requerimiento argumenta que la firma del contrato por parte de Allende es suficiente para configurar el incumplimiento constitucional, independientemente de que la transacción no se haya materializado ni se haya transferido dinero.
Acciones de la UDI
Paralelamente, la UDI (Unión Demócrata Independiente) también está trabajando en un requerimiento similar. El jefe de bancada de los diputados de este partido, Gustavo Benavente, adelantó que la presentación será independiente del documento republicano, aunque comparten los mismos fundamentos.
Proceso en el Tribunal Constitucional
El proceso en el Tribunal Constitucional podría extenderse por varios meses. La senadora Allende tendrá un plazo de 10 días para responder al requerimiento, y el tribunal decidirá si abre un periodo probatorio. Ante la ofensiva de la oposición, Allende ya ha anunciado que su defensa estará a cargo del abogado Gabriel Osorio. En una conferencia de prensa en el Congreso, la senadora declaró: “Si la oposición acude al TC, están en su derecho, pero nosotros también nos defenderemos”.
