Los implicados, un alto mando militar y un exoficial de policía, enfrentan la justicia por crímenes de lesa humanidad.
La ministra en visita extraordinaria para causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, ha ordenado el ingreso en calidad de rematados de Julio Cerda Carrasco, general de División en retiro del Ejército, y de Roberto Rozas Aguilera, prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, al Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I. Esta decisión fue comunicada el sábado 5 de octubre por el Poder Judicial.
La acción judicial se enmarca en el denominado “episodio Paine Aculeo” y tiene como objetivo que ambos condenados cumplan las penas de 15 años y un día y 18 años, respectivamente, por ser considerados autores del delito de secuestro calificado de 11 campesinos en octubre de 1973. Se informó que los condenados fueron detenidos el viernes 4 de octubre, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la brigada de derechos humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, y posteriormente fueron puestos a disposición de la ministra Cifuentes, quien les notificó sobre el fallo ejecutoriado de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema.
En la audiencia, los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jean Pierre Matus, el ministro suplente Juan Manuel Muñoz, y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo, confirmaron las condenas impuestas por la Corte de Apelaciones de San Miguel en septiembre de 2022. Durante el proceso, se mencionó que algunos oficiales del Ejército no pudieron ser condenados debido a que fallecieron antes de que se dictara sentencia, como fue el caso de Víctor Pinto Pérez, Andrés Magaña Bau y Alejandro Valdés Visitainer, así como el excarabinero Sergio Ávila Quiroga.
El abogado Nelson Caucoto, quien representa a 10 de las 11 víctimas, destacó que se está culminando con este fallo terminal del máximo tribunal de la República en el “Episodio Aculeo”, un proceso judicial que abarca un total de 70 víctimas, conocido como “Caso Paine”. Caucoto subrayó que este ha sido un esfuerzo significativo de la justicia chilena, resaltando el trabajo de María Stella Elgarrista, Héctor Solís y la ministra Marianela Cifuentes, quienes han trabajado arduamente para satisfacer los legítimos anhelos de los familiares de las víctimas, en su mayoría campesinos de la zona, en busca de justicia para sus seres queridos.
El abogado también mencionó que “judicialmente se está cerrando positivamente un periodo triste, irrepetible y de mucho dolor para tanta gente humilde, cuyos derechos fueron arrasados por la dictadura militar”. Indicó que lo que ha logrado el Poder Judicial en este caso, bajo la dirección de la ministra Cifuentes, es algo que no se había imaginado en el pasado, refiriéndose a la posibilidad de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la condena de los autores de estos crímenes, quienes aún están vivos, así como la posibilidad de que los familiares reciban reparación.
En relación al “episodio Aculeo”, se estableció que el 13 de octubre de 1973, militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, junto a un funcionario policial y un civil del sector, llevaron a cabo una serie de allanamientos y detenciones en diversos sectores de la laguna de Aculeo, en Paine. Durante estas acciones, fueron detenidos campesinos como José Manuel Díaz Inostroza, Francisco Javier Lizama Irarrázaval, Jorge Manuel Pavez Henríquez, y los hermanos Juan Manuel Ortiz Acevedo y Luis Celerino Ortiz Acevedo.
El 20 de octubre de ese mismo año, en el sector de El Vínculo, Huiticalán y El Patagual, se detuvo a otros campesinos, entre ellos Pedro Juan Meneses Brito, Luis Osvaldo González Mondaca, Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres. Tras su detención, las víctimas fueron trasladadas a la Escuela de Infantería de San Bernardo, donde fueron sometidas a torturas antes de ser ejecutadas y sus cuerpos inhumados de manera ilegal.
El 23 de octubre de 1973, se encontraron los cadáveres de José Manuel Díaz Inostroza, Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Luis Osvaldo González Mondaca y Pedro Juan Meneses Brito en la ribera del río Maipo, a la altura del puente Maipo. Posteriormente, el 13 de noviembre de 1973, fueron hallados semienterrados y en estado de descomposición los cuerpos de Francisco Javier Lizama Irarrázaval, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres, todos en el interior del fundo San Vicente de Lo Arcaya, en Pirque. Finalmente, los restos de Jorge Manuel Pavez Henríquez fueron encontrados en la tumba N° 2476 del Patio 29 del Cementerio General, según lo establecido por la investigación judicial.
