El Gobierno de Chile, a través del ministro de Economía, Nicolás Grau, ha salido a aclarar la situación relacionada con el traspaso de fondos por parte del Ministerio de Hacienda a la Corporación de Fomento (Corfo), que asciende a 3,4 billones de pesos entre 2023 y 2024. Parte de este monto proviene de los excedentes generados por el litio. “Existían urgencias sociales (…)”, afirmó la autoridad en una declaración realizada el miércoles, mencionando áreas críticas como la salud, la seguridad y la vivienda. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre el uso específico de estos recursos.
Detalles del traspaso de fondos
Un reportaje publicado por el medio The Clinic ha revelado que el consejo de Corfo aprobó estos significativos traspasos al Fisco, los cuales no fueron comunicados de manera transparente al público. Aunque las transferencias al Tesoro Público son prácticas comunes, suelen ocurrir en situaciones de crisis extrema o ante gastos extraordinarios, lo que no parece ser el caso actual. Por ejemplo, en 2020, durante la pandemia de Covid-19, se transfirieron 1.000 millones de dólares para mitigar los efectos de la crisis sanitaria, una cifra considerablemente inferior a la que se está discutiendo en la actualidad.
La pregunta que surge es si se utilizó el patrimonio fiscal de Chile para cubrir el gasto operativo del año, es decir, para “hacer cuadrar la caja”.
Urgencias sociales y justificación del gasto
El ministro Grau explicó que hubo un periodo en el que se registraron mayores ingresos, al mismo tiempo que se presentaron “urgencias sociales en materia de seguridad, por ejemplo, con la necesidad de más carros para los policías”. También mencionó necesidades en los ámbitos de salud, vivienda, y ciencia y tecnología.
“Es normal que los recursos que tiene el país, en este caso los recursos por un mejor precio del litio, justamente se puedan gastar en estas prioridades, que son las prioridades que hemos definido en materia presupuestaria (…)”, sostuvo el titular de Economía. En este sentido, argumentó que “era natural que el Ministerio de Hacienda buscara utilizar esos recursos para justamente poder responder a las necesidades del país”.
En una conferencia de prensa, el ministro acusó que la información en torno a este tema carece de fundamento y que podría ser resultado de “desinformación o mala intención”. Además, descartó que el patrimonio de Corfo se viera afectado.
“Insisto, porque efectivamente se sacaron más recursos, pero se sacaron los recursos que estaban existiendo de manera extraordinaria a propósito del precio más alto del litio”, enfatizó Grau. También expresó su pesar por la existencia de una “estrategia para desinformar”, señalando que la controversia en torno a este caso es “artificial”.
Posición del Ministerio de Hacienda
Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha afirmado que no se ha llevado a cabo ninguna acción fuera del marco legal. En una declaración, se detalló que el 29 de noviembre de 2023, en el Consejo de Corfo, se solicitó integrar al Tesoro Público recursos provenientes de las rentas del litio, un requerimiento que se basa en las atribuciones generales del Ministerio y que sigue la lógica de los lineamientos de la regla de Balance Estructural que ha guiado la política fiscal de Chile durante más de dos décadas.
El Ministerio de Hacienda explicó que entre 2022 y 2023 se recaudaron $5,4 billones debido al aumento en el precio del litio, y que se solicitó a Corfo integrar al Tesoro Público $3,4 billones de ese total, lo que representa $2 billones menos de lo que se ingresó por el mineral. En resumen, a Corfo se le pidió reintegrar menos dinero del “extra” que ingresó por los mayores ingresos del litio.
El Ministerio de Hacienda también indicó que estos reintegros no son desconocidos, ya que la información es pública y puede ser consultada a través del sitio web de la Dirección de Presupuestos (Dipres), donde se puede revisar la ejecución presupuestaria de Corfo al final de cada año.
Reacciones políticas
Diputados del Partido Republicano, como Agustín Romero, Sofía Cid y Luis Fernando Sánchez, han calificado el traspaso de fondos como un “escándalo gigantesco”. “Esta información es gravísima y da cuenta del estado crítico en que están las arcas fiscales que resguarda el ministro Marcel. Los errores y decisiones ocultas de Hacienda, confirman que el ministro Marcel es un peligro para las finanzas públicas y el patrimonio del Estado”, sentenció Romero.
Con una proyección de un déficit efectivo del 1,7% del PIB para este año, la oposición ha instado al Ejecutivo a ser más transparente con las cifras y a ser “más responsable” con los compromisos sociales que podrían no cumplirse en el futuro. El déficit efectivo se sitúa en $8.880.648 millones, equivalente al 2,9% del PIB.
Para avanzar hacia un equilibrio fiscal, se requeriría un superávit, un crecimiento económico más robusto o un recorte fiscal superior a lo anunciado de 700 millones de dólares.
