El personal del Poder Judicial se encuentra en estado de alerta debido a un significativo recorte en el presupuesto destinado a los tribunales, lo que, según advierten, podría resultar en una mayor carga laboral y en un retraso en la tramitación de las causas.
Recortes presupuestarios y sus consecuencias
La situación ha generado una serie de reacciones en el ámbito político y judicial. La diputada de la Comisión de Justicia, Pamela Jiles, ha instado al gobierno a reconsiderar lo que ha calificado como otra “metida de pata”. Este recorte afecta al Ministerio Público y al Poder Judicial, con disminuciones de 7 mil y 14 mil millones de pesos respectivamente.
Reacciones desde el Ministerio de Justicia
En la región del Bío Bío, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha indicado que están abordando las preocupaciones expresadas por ambos organismos, aunque no ha garantizado que el recorte pueda ser revertido. Esta incertidumbre ha llevado a la Asociación de Jueces y a la Asociación de Empleados del Poder Judicial a solicitar la reversión de los recortes.
Declaración de estado de alerta
El presidente nacional de la Asociación de Empleados del Poder Judicial, Nicolás Santibáñez, ha advertido sobre la gravedad de la situación, señalando que, dada la delicadeza del asunto, han decidido declararse en estado de alerta. Santibáñez no ha descartado la posibilidad de que esta situación escale a otros niveles de movilización si el recorte no es revertido.
Impacto en la seguridad y funcionamiento del Poder Judicial
Desde el Parlamento, la diputada Pamela Jiles ha reiterado su llamado a reconsiderar la medida, enfatizando que la reducción del presupuesto a entidades relacionadas con la seguridad afecta directamente la preocupación de la mayoría de los chilenos.
Los fondos que no serán asignados al Poder Judicial son cruciales para financiar, entre otras cosas, la contratación de guardias y el reemplazo de funcionarios ausentes. La falta de estos recursos podría resultar en una mayor carga de trabajo para los jueces y el personal administrativo de los tribunales, lo que podría agravar la situación si el gobierno no decide retroceder en su decisión.
