El Gobierno de Chile, en conjunto con el sector de Chile Vamos, ha presentado recientemente las indicaciones para una reforma previsional que incluye un aumento del 7% en la cotización. Este incremento se implementará de manera gradual a lo largo de un periodo de nueve años.
Impacto del aumento de cotización en el mercado laboral
Los economistas han comenzado a analizar las implicaciones de esta reforma. La directora de Evidencia de Pivotes, Elisa Cabezón, ha señalado que “la dura realidad es que el mercado laboral chileno no podrá absorber este mayor costo laboral sin crecimiento económico, sin que los emprendimientos y empresas puedan desarrollarse y crear empleos formales de calidad”. En este contexto, Cabezón ha destacado que en los últimos dos años se ha registrado una disminución de 108.268 empleos formales en el país.
Por su parte, Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), ha manifestado que “la gradualidad del aumento de la tasa de cotización permite reducir los efectos negativos sobre el empleo formal, pero no anula los efectos colaterales negativos sobre los salarios líquidos en el mediano plazo”. Bravo ha explicado que, aunque la mayoría de los trabajadores experimentará un ajuste en sus salarios líquidos, esto no se aplicará a aquellos que perciben sueldos cercanos al salario mínimo, ya que este está regulado por ley. En este segmento, el aumento de la cotización podría tener un “efecto pernicioso” sobre el empleo formal, dado que implicaría un incremento en los costos laborales sin un aumento correspondiente en la productividad.
Posibles beneficios del ahorro previsional
A pesar de las preocupaciones, Bravo también ha destacado los efectos positivos que podría tener un mayor ahorro previsional sobre la inversión y el stock de capital, lo que podría contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y, en consecuencia, estimular la creación de empleo formal en el sector privado. “La evidencia empírica para Chile es clara en mostrar que un mayor ahorro previsional se asocia a un mayor crecimiento, favoreciendo la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. Si bien este efecto puede ser menor que en el pasado, debido a que la situación actual es muy distinta a la de los 80 o los 90, aun así habría un efecto positivo sobre el crecimiento”, ha afirmado.
Reacciones del sector empresarial
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha expresado su preocupación respecto a la reforma. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, ha comentado que “es valioso haber logrado un acuerdo, lo que siempre implica que las partes hagan sacrificios, cediendo en sus preferencias”. Sin embargo, ha señalado que “la propuesta implica un costo demasiado alto para el empleador, que no refleja el costo real de la compensación”. Jiménez también ha manifestado que hubiera esperado una mayor gradualidad en el aumento de las cotizaciones para mitigar el impacto en el mercado laboral.
En relación al préstamo que se realizará a los cotizantes por parte del Estado, Jiménez ha advertido que “es una herramienta que podría adolecer de problemas de sostenibilidad” y ha enfatizado la importancia de que se transparente en la contabilidad fiscal para evitar perjuicios a los cotizantes.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, ha indicado que el aumento del 7% en la cotización “afecta gravemente a las empresas de menor tamaño, que ya enfrentan desafíos de liquidez y competitividad, y aunque existe gradualidad, podría no ser suficiente”. Pakomio ha advertido que este cambio podría llevar a más empresas a la informalidad.
La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, ha compartido preocupaciones similares, señalando que “nos preocupa que un aumento en la cotización superior al 6% puede aumentar la informalidad laboral, si es que no va asociado a una mayor productividad”. Navarro ha subrayado que “no hay mejor recaudador que el crecimiento económico ni mejor política social que el empleo”.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, ha expresado su preocupación por el impacto que puede tener el aumento de la cotización, afirmando que “para los empleadores, el aumento de las cotizaciones es un desafío considerable, y el período de implementación propuesto resulta insuficiente para absorber este cambio sin afectar el empleo”.
Por último, Fernando García, presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), ha sostenido que “quien piense que las empresas pueden absorber estos aumentos de costo sin que ello afecte el empleo está realizando un análisis simplista y de corto plazo”. Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, ha cuestionado si el Gobierno y la oposición están considerando algún tipo de ayuda para las micro, pequeñas y medianas empresas ante estos costos laborales.
