Durante las últimas jornadas, la agenda política en Chile ha estado marcada por el proyecto de “regularización acotada” de migrantes que está impulsando el Gobierno, un tema que ha generado diversas polémicas y críticas. El escenario político se ha visto revolucionado por este asunto, con la oposición manifestando su desacuerdo y el oficialismo defendiendo su propuesta, buscando explicar el motivo central de esta iniciativa.
Declaraciones de la ministra del Interior
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó los cuestionamientos realizados por la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI). En el marco de su visita a la Región de La Araucanía, Tohá afirmó: “El Ejecutivo siempre ha dicho que no va a haber un proceso de regularización como amnistía generales que se han hecho en otros momentos”.
Tohá también recordó que durante una época en que la UDI estaba en el gobierno, se llevó a cabo una amnistía general sin requisitos específicos. En este sentido, enfatizó que “eso no va a haber”, refiriéndose a las intenciones del actual Gobierno.
Reacciones de otros ministros y diputados
El ministro Elizalde también se pronunció sobre el tema, descartando la posibilidad de un “efecto llamado” debido al proyecto de regularización de migrantes, afirmando que “este efecto se produjo en el Gobierno anterior”.
Por otro lado, diputados de Renovación Nacional (RN) han expresado su rechazo a la regularización acotada de migrantes y han presentado una reforma constitucional en respuesta a esta iniciativa.
Defensa de la iniciativa por parte del Gobierno
Tohá defendió la propuesta que emana desde La Moneda, subrayando la necesidad de mantener el orden en el país y de identificar a aquellos migrantes que tienen arraigo laboral y familiar en Chile. La ministra destacó que “todos requisitos que no se pidieron en regularizaciones que se hicieron en gobiernos anteriores, en que la UDI era parte del gobierno”.
Además, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, también se refirió a este tema, señalando que en administraciones pasadas ya se habían realizado procesos de regularización similares. Vallejo apuntó que el caso más amplio fue durante la administración de Sebastián Piñera, donde se regularizaron a 324.338 personas, en comparación con las 55.000 regularizaciones durante el gobierno de Michelle Bachelet y las 22.000 en el mandato de Eduardo Frei.
