Durante la jornada de ayer la Comisión de Derechos Humanos -presidida por el senador Juan Ignacio Latorre- escuchó las posturas a favor y en contra de otorgar el indulto por razones humanitarias a las personas que se encuentran detenidas en el marco del estilo social de octubre de 2019.
En la instancia participó la Fiscalía Nacional, la Defensoría, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Ética Contra la Tortura y la hermana de Omar Jerez, quien está detenido por los delitos de incendio y daños cometidos en la estación La Granja de la Línea 4A.
Una de las posturas frente a este proyecto de indulto es la del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien está en desacuerdo. Su argumento es que “el Consejo del Ministerio Público, el 14 de diciembre, estimó necesario hacer presente que este proyecto podría constituir una gravísima señal para la convivencia social”.
“El indultar o aplicar la ley de amnistía a la comisión de ilícitos tan graves como los que contempla, nos parece un precedente extraordinariamente grave, no solo para el presente, sino que también para el futuro”, afirmó.
Y enfatizó en que con este indulto “se agravia a todo el sistema. El Ministerio Público estima que este es un proyecto absolutamente inadecuado y normaliza la situación de violencia”.
Por contraparte, el defensor nacional (s), Marco Montero, explicó que el proyecto pone énfasis en un aspecto relevante: “El uso desproporcionado que hoy se le da a la prisión preventiva, que pasó de ser una medida excepcional a una de aplicación automática general”.
En este sentido precisó que “el 2007 el 22 por ciento de la población privada de libertad correspondía a prisión preventiva y al día de hoy, vemos que ese porcentaje se ha incrementado a un 36 por ciento (…). Y un porcentaje muy amplio quedan absueltas o las condenadas no son privativas de libertad”.
Durante la sesión además expusieron la representante de la Comisión Ética Contra la Tortura de Chile, Isabel Mayorga y la hermana de Omar Jerez, Pamela Jerez, quienes lamentaron que se estén criminalizando las protestas y se esté dando un discurso de guerra.
Según la División de Estudios Fiscalía Nacional, el promedio de edad de las personas en prisión preventiva es de 29 años y, a la fecha, son 175, de los cuales 100 están privados de libertad por hechos ocurridos en 2020.
Cabe precisar el proyecto para el indulto a los detenidos del estallido social fue presentado por los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro.
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