Una tensa sesión se vivió este martes en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara luego de que sus integrantes, mayoritariamente lo de oposición, cuestionaran al Ejecutivo por su propuesta respecto al proyecto de voto anticipado.
Esta molestia finalmente se reflejó en la discusión en particular del texto y las dos reservas de constitucionalidad presentadas por La Moneda.
Los diputados decidieron rechazar la propuesta del Ejecutivo de permitir una votación anticipada dos días antes de la fecha programada de la elección, es decir el día viernes anterior a los comicios.
Y decidieron aprobar una indicación presentada por la diputada Andrea Parra (PPD) que abre una ventada de siete días entre los días 14 y ocho días antes de la elección para que puedan sufragar quienes cumplan con las condiciones.
“El Ejecutivo propuso que se votara un día antes y luego se abrió a dos días. Algo que no ocurre en ningún país del mundo”, explicó Parra agregando que en el plazo aprobado por la comisión “habrá que definir él o los días más adecuados. A nosotros nos parece que es el Servel el más indicado para definir aquello, al Congreso lo que le corresponde es establecer un plazo razonable”.
En ese contexto, los que se estableció que podrían tener acceso a esto son el grupo de riesgo (personas sobre 65 años, embarazadas, personas con discapacidad) y miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden.
A ellos se les agregó por parte de los diputados -que aprobaron una indicación de la diputada Catalina Pérez (RD)– a los trabajadores de faena y temporeros y además se fijó que el Servel deberá crear un mecanismo para que los privados de libertad también puedan participar. Esto último cuestionado por el Gobierno.
“Pese al intento de obstruccionismo por parte del Gobierno aprobamos en la comisión de Gobierno Interior el proyecto que habilita el voto anticipado para las próximas elecciones, considerando a embarazadas, mayores de 65 años, trabajadores de faena, temporeros y personas enfermas que no puedan asistir al lugar el día de votación. Vamos a estar atentas a la votación que seguirá en la comisión de Hacienda y el día viernes esperamos una votación favorable en Sala, porque el país necesita y merece más democracia y participación de todas y todos sin ninguna exclusión”, dijo la parlamentaria frenteamplista.
Por todo lo anterior, desde el Gobierno se expresó el desacuerdo a través de las reservas de constitucionalidad que anunció el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, quien además aseguró que espera que el texto sea “perfeccionado” en la comisión de Hacienda donde esta tarde -o a más tardar mañana- se revisará el informe financiero del proyecto presentado por La Moneda que contempla un costo de $2.800 millones considerando una jornada de votación y 3,2 millones de electores establecidos dentro del grupo acotado.
“Como Ejecutivo nos vimos obligados a hacer reserva de constitucionalidad porque a nuestro parecer se aprobó una propuesta que genera un vacío”, enfatizó Pavez respecto al plazo estipulado por la comisión resaltando que la propuesta del Gobierno era “responsable”.
“Los privados de libertad como grupo de riesgo fue rechazado en la comisión, sin embargo, una indicación posterior (que se aprobó) estableció un mecanismo para que sí puedan votar, por lo tanto hay una inconsistencia porque no pueden votar, pero se establece que el Servel determinará cómo votarán, lo que a nosotros nos parece que es inconstitucional”, concluyó el subsecretario.
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