El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, ha expresado su preocupación por la continua filtración de información desde la Fiscalía hacia los medios de comunicación, sugiriendo que podrían existir incentivos económicos detrás de estas divulgaciones. Esta crítica surge en el contexto de la filtración de conversaciones entre la diputada Karol Cariola y la alcaldesa Irací Hassler, en relación con una investigación por presunto tráfico de influencias.
Críticas a la falta de resguardo de información
Durante una entrevista con CNN Chile, Orrego cuestionó la capacidad del Ministerio Público para proteger la información reservada de las investigaciones. En sus declaraciones, afirmó: “Nos estamos acostumbrando a algo que me parece gravísimo: que todo lo que llega a la Fiscalía termina en la prensa. Habla muy mal del Ministerio Público que no pueda realizar ninguna investigación de manera secreta”.
Cuestionamientos sobre los motivos de las filtraciones
El gobernador también reconoció la importancia de investigar a cualquier autoridad, ya sea electa o no, para esclarecer los hechos. Sin embargo, expresó su escepticismo respecto a la relevancia de los chats filtrados en relación con los delitos que están bajo indagatoria. En este sentido, Orrego planteó dudas sobre los motivos detrás de estas publicaciones, lanzando una acusación contundente: “Es un despropósito y falta de control abismante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa? ¿Hay alguien del Ministerio Público que está recibiendo un incentivo para liberar esta información que solo tienen ellos en razón de una investigación delictual?”
Llamado a la acción del fiscal nacional
Orrego hizo un llamado al fiscal nacional, Ángel Valencia, instándolo a investigar el origen de estas filtraciones. En sus palabras, advirtió: “O paran las filtraciones de todo tipo de información desde la Fiscalía o simplemente esta va a perder credibilidad”.
La situación plantea serias interrogantes sobre la integridad y la confidencialidad de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, así como sobre la relación entre la Fiscalía y los medios de comunicación.
