La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha decidido rechazar el recurso de protección que fue interpuesto contra la Municipalidad de Calama, el Servicio de Salud de Antofagasta, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, en relación con un desalojo que se llevó a cabo en un inmueble que era ocupado por los recurrentes.
Contexto del desalojo
Los recurrentes, quienes pertenecen a la etnia atacameña, argumentan que su familia ha estado ocupando desde 1993 varios terrenos fiscales en la comuna de Calama. Estos terrenos fueron arrendados por sus padres con el propósito de establecer un taller mecánico y realizar actividades agrícolas. Sin embargo, en 1993, la familia fue desalojada debido a la construcción de un cierre perimetral. En ese momento, se les ofreció la reubicación en otros terrenos fiscales, que la familia cultivó y transformó en tierras productivas a través de un arduo esfuerzo.
A pesar de sus esfuerzos, los recurrentes señalaron que nunca se formalizó la promesa de cesión de los terrenos. A lo largo de los años, han enfrentado dificultades para pagar los cánones de arrendamiento, debido a las respuestas dilatorias por parte de las autoridades. Hasta la fecha, la familia continúa esperando la regularización de sus títulos de dominio.
Incidente de desalojo
En agosto de 2024, al intentar acceder a un predio donde realizaban su actividad comercial, los recurrentes se encontraron con que el lugar había sido cerrado con un candado y marcado con un letrero del Gobierno, sin haber recibido notificación previa sobre un desalojo. Los recurrentes denunciaron que este acto es ilegal y arbitrario, y que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que solicitaron la restitución de los terrenos y bienes.
Posición del Gobierno Regional
El Gobierno Regional de Antofagasta comunicó que la competencia sobre las concesiones gratuitas de terrenos fiscales corresponde a la Seremi de Bienes Nacionales, de acuerdo con la Ley N°19.175 y el Decreto Ley N°1.939. Afirmó que los terrenos en cuestión son fiscales y ya tienen un destino público, ya que fueron otorgados para un proyecto de oncología en Calama. El Gobierno sostuvo que cualquier ocupación no autorizada es ilegal y que la ocupación del terreno por parte de los recurrentes no está respaldada por ningún acto administrativo válido.
Argumentos del Servicio de Salud y la Seremi de Bienes Nacionales
El Servicio de Salud de Antofagasta solicitó el rechazo del recurso, argumentando que el terreno en disputa es de dominio fiscal y que posee una concesión para su uso. Por su parte, la Seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta expuso que los recurrentes ocupan ilegalmente un terreno fiscal sobre el cual no existe ningún contrato válido ni acto administrativo que justifique su ocupación. Detalló que el terreno se encontraba en malas condiciones y que se han realizado fiscalizaciones y notificaciones de desalojo. La Seremi argumentó que la ocupación no está vinculada a ningún acto administrativo de disposición y que los terrenos están destinados a un proyecto público de salud.
Postura de la Municipalidad de Calama
La Municipalidad de Calama instó por el rechazo de la acción, señalando que carece de legitimación pasiva para actuar en este caso, dado que el terreno objeto del desalojo no es de su dominio ni está bajo su administración. Además, no existe convenio o acuerdo que le transfiera tal responsabilidad. La municipalidad aclaró que la presencia de su logo en el proyecto del Centro Oncológico Ambulatorio de Calama no implica que sea responsable de los actos de desalojo ocurridos en el terreno en cuestión. Explicó que el proyecto cuenta con un convenio de subvención mediante el cual se compromete a transferir $80.000.000 para el diseño arquitectónico del centro, pero que esto no tiene relación con el desalojo ni con la actuación ilegal o arbitraria en el terreno.
Decisión de la Corte de Apelaciones
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó la acción cautelar, considerando que el desalojo realizado por el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Bienes Nacionales se encuentra plenamente amparado por la normativa vigente. Se estableció que el inmueble fiscal ocupado por los recurrentes está bajo la administración de dichas autoridades, las cuales actuaron conforme a sus atribuciones legales, otorgando el uso del terreno al Servicio de Salud de Antofagasta para un proyecto oncológico.
La Corte concluyó que los recurrentes no tienen derecho legítimo sobre el inmueble, ya que su ocupación no está respaldada por ningún contrato ni autorización vigente. Las alegaciones sobre la ocupación a título de compensación carecen de respaldo documental, por lo que no se vulneraron las garantías constitucionales invocadas. En mérito de lo expuesto, la Corte de Antofagasta rechazó el recurso de protección.
Este fallo fue apelado ante la Corte Suprema, que confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones.
