Un grupo de diputados ha presentado un proyecto de ley que podría ser denominado como la “ley anti Onlyfans”, con el objetivo de restringir la capacidad de las personas que se encuentran bajo arresto domiciliario para generar ingresos a través de plataformas de contenido para adultos. Esta iniciativa ha surgido a raíz de la preocupación por el enriquecimiento de figuras como Cathy Barriga y Camila Polizzi, quienes han sido mencionadas en este contexto. La propuesta ha sido impulsada por la bancada de diputados y diputadas del partido Demócratas, quienes consideran que es inaceptable que estas personas se beneficien económicamente de esta actividad mientras están bajo medidas cautelares.
Los legisladores que apoyan esta iniciativa argumentan que es necesario limitar el uso de las redes sociales para aquellos que están cumpliendo con una reclusión parcial domiciliaria, con el fin de evitar que obtengan beneficios económicos. La propuesta se presentó un día después del debut de Cathy Barriga en la plataforma Onfayer, lo que ha intensificado el debate sobre la regulación de estas actividades.
La propuesta de ley establece que se considerará que se ha quebrantado la medida cautelar cuando el individuo, a través de publicaciones, comunicaciones o actos en redes sociales o medios tecnológicos, logre comunicarse o obtener un beneficio económico, ya sea para sí mismo o para un tercero. Además, se menciona que cualquier mejora en la posición social o comunicacional del formalizado, así como cualquier acción que ponga en riesgo la investigación, también será motivo de infracción a la medida cautelar.
En situaciones específicas, el juez podrá permitir que el formalizado realice ciertas comunicaciones, siempre que estas no sean permanentes y no representen un obstáculo o riesgo para el desarrollo de la investigación. Asimismo, se contempla que el Ministerio Público pueda intervenir si considera que las comunicaciones afectan el espíritu de la medida cautelar impuesta.
Los legisladores han expresado que la figura del arresto domiciliario se ve distorsionada cuando permite a los imputados realizar actividades remuneradas. Según el proyecto, “las cuales en las mismas circunstancias y no habiéndose concedido la cautelar alternativa, no tendría procedencia alguna y significa incluso, en algunos casos, la comisión de nuevos ilícitos penales”. Esta afirmación resalta la preocupación de los diputados sobre el uso de plataformas de contenido para adultos por parte de personas que están bajo arresto domiciliario y cómo esto podría afectar la integridad del sistema judicial.
