Hace más de una semana que la periodista Alejandra Matus difundió la información documentada sobre la maniobra de Piñera para beneficiar a los casinos Enjoy, y todavía ni el mandatario, ni nadie del Gobierno, ha salido a dar la cara para reconocer o explicar los hechos.
Mientras el Presidente ha estado en silencio, varias cosas han pasado. Por una parte, el abogado Luis Mariano Rendón interpuso una denuncia por “faltas a la probidad” en la Contraloría General de la República, para que el organismo fiscalice la conducta del mandatario.
Por otro lado está la Comisión Investigadora del caso de la Cámara de Diputados. El presidente de dicha comisión, diputado Rodrigo González, aseguró que con estos antecedentes el presidente Piñera debe exigir la renuncia a la superintendenta de Casinos de Juegos, Vivien Villagrán.
Esto porque la denuncia hecha por Alejandra Matus pone en evidencia, como mínimo, un trato permisivo, si es que no derechamente especial, hacia la empresa de casinos en la que Piñera tiene una parte de la propiedad.
El caso es el siguiente: el Presidente firmó el Decreto 77 el pasado 29 de enero, postergando el plazo que la Superintendencia de Casinos le había dado a los concesionarios para cumplir con los compromisos adquiridos al adjudicarse licitaciones en 2018, que vencía al día siguiente.
Solo hubo un beneficiado con esta medida: Enjoy S.A., que en 2018 se adjudicó cuatro licitaciones para casinos municipales y tenía hasta el 30 de enero para responder por las boletas de garantía por más de 100 millones de dólares que había entregado a la Superintendencia de Casinos.
Esa firma presidencial, según los antecedentes recopilados por la Comisión Investigadora de la Cámara, salvó a Enjoy de la pérdida de sus concesiones y, en consecuencia, de la quiebra.
Se trata de una salvada tan milagrosa como sospechosa, si se tiene en cuenta que dos de las entidades administradoras del “fideicomiso ciego” de Sebastián Piñera, BTG Pactual y Moneda Asset, están involucrados en la operación de Enjoy S.A.; la primera, con una participación del 7% en la propiedad de Enjoy, y la segunda, garantizando el 50% de su deuda en dólares.
A eso se suma que uno de los directores de Enjoy, Ignacio Guerrero Gutiérrez, fue uno de los siete mayores financistas de la campaña presidencial de Piñera.
Así las cosas, resulta llamativo que el Gobierno no haya salido al paso de denuncias de tanta gravedad, sobre todo luego de que trascendiera que desde La Moneda llamaron a Miami para contactarse con los dueños de La Red para quejarse por la investigación de Matus.
Solo queda esperar que la presión ciudadana y mediática surta algún efecto, tanto para esclarecer los hechos, como para exigir una respuesta de cara al país por parte del Presidente, que no puede pretender hacerse el loco frente a antecedentes de esta magnitud, que a todas luces ponen en evidencia su activa vinculación con los negocios que supuestamente dejó de lado cuando asumió el cargo.
Mario Cuche
