La Comisión Especial Investigadora del Caso Procultura ha aprobado su informe de conclusiones, el cual fue respaldado casi de manera unánime por los miembros de la instancia. En este documento se señala que se cometieron “reiteradas irregularidades administrativas” y que existieron “debilidades significativas en los controles asociados a la entrega y rendición de recursos públicos”.
Detalles del informe de la comisión
El diputado Andrés Longton, quien es parte del partido Renovación Nacional (RN) y presidente de la comisión, afirmó que el informe “refleja que Procultura se aprovechó deliberadamente de las instituciones para hacerse ilícitamente de recursos públicos”. Según el informe, Procultura recibió importantes sumas de dinero que provienen principalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su programa de Asentamientos Precarios y Recuperación de Barrios, así como de diversos Gobiernos Regionales y municipalidades.
Montos y distribución de los recursos
El monto total de los recursos involucrados alcanzaría los 6 mil millones de pesos, los cuales estarían distribuidos en al menos 7 regiones del país. El diputado Longton subrayó que las conclusiones del informe son “contundentes” y apuntan a ciertas responsabilidades de algunos gobernadores, como Claudio Orrego y Jorge Flies de Magallanes, por haber vulnerado el principio de probidad.
Investigaciones en curso
Además, se menciona la gestión de Miguel Crispi, quien ocupaba el cargo de subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) en el momento de los hechos. El informe también destaca que el Ministerio Público está llevando a cabo investigaciones sobre presuntos delitos, que incluyen fraude al fisco, apropiación indebida, tráfico de influencias y negociación incompatible. Estas indagatorias están a cargo de la Fiscalía Regional de Coquimbo.
Problemática recurrente
La comisión ha concordado en que los hechos investigados no son aislados, sino que representan una problemática recurrente y sistemática que involucra a diversas instituciones y actores públicos. Esta situación plantea la “urgente necesidad de robustecer los controles administrativos”.
El diputado José Miguel Castro, también integrante de la comisión investigadora, afirmó que las conclusiones son “lapidarias”. En sus declaraciones, Castro sostuvo: “Se ha hecho una estafa al Estado. Hemos podido descubrir que incluso había personas contratadas por Procultura, que lo que hacían era prestarles servicios a Procultura, o sea, una triangulación de dineros. Aquí se estafó en términos políticos y en términos de dinero a la gente”.
Recomendaciones para el futuro
Por su parte, el diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, destacó la falta de control sobre la administración de los recursos públicos y la incapacidad de recuperar los fondos que han desaparecido. En este contexto, Araya enfatizó la necesidad de fortalecer, a través de un proyecto de ley, el trabajo de la Contraloría. “No es lógico que en un escenario de tanta corrupción institucional, la Contraloría tenga mecanismos tan débiles de control”, precisó el legislador.
Expectativas de la oposición
Los miembros de la oposición esperan que las conclusiones del informe sean ratificadas por la sala de la Cámara Baja y que la Fiscalía avance con las formalizaciones de las personas y autoridades que tienen responsabilidades penales en esta situación.
