El expresidente boliviano Evo Morales se encuentra atrincherado en la región del Trópico de Cochabamba desde finales de septiembre, tras la emisión de una orden de captura en su contra por investigaciones que lo acusan de trata de personas y estupro. Esta orden judicial fue suspendida debido a una acción de libertad interpuesta por sus abogados en la sala constitucional de Santa Cruz. Sin embargo, los rumores sobre su posible aprehensión han crecido, lo que ha llevado al líder cocalero a permanecer en su bastión político y sindical bajo la protección de sus seguidores.
Según el viceministro de Régimen Interior y excomandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, en el trópico existe un “anillo de seguridad” conformado por comunarios que protegen a Morales. Este domingo, el expresidente manifestó que seguidores de otras regiones han viajado para reforzar su seguridad. En un programa de radio dominical transmitido por la emisora Kawsachun Coca, Morales expresó: “Quiero saludar a las hermanas y hermanos que vienen del interior del país en vigilia para ver el tema de seguridad, quedé impresionado, menos de seis departamentos”. Además, agradeció el apoyo y la solidaridad que ha recibido: “Agradezco a todos por su apoyo, solidaridad y protección”.
El expresidente fue convocado por la Fiscalía para prestar declaración el 10 de octubre, pero no se presentó. En su lugar, uno de sus abogados presentó un memorial justificando su ausencia, argumentando que existían garantías. Ante la inasistencia de Morales, Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, indicó que correspondía emitir una nueva orden de aprehensión. Después de casi tres meses, la situación de Morales es incierta: el Fiscal General del Estado confirmó la recepción de un documento que indicaba que se había logrado anular la segunda orden de captura mediante otra acción legal.
A pesar de la incertidumbre sobre la vigencia de la captura, las investigaciones continúan su curso. En diciembre, el Ministerio Público imputó formalmente al expresidente boliviano en relación con la madre de la presunta víctima de tráfico. Días después, las autoridades bolivianas emitieron una alerta migratoria y una citación para que Morales se presente en una audiencia sobre medidas cautelares programada para el 14 de enero en Tarija.
Morales ha lanzado una serie de amenazas en caso de que se ejecute su detención. Incluso, un diputado del Movimiento Al Socialismo amenazó de muerte a quienes intenten aprehenderlo, afirmando: “Vengan, estamos decididos a morir”. En las últimas semanas, ha aumentado el control por parte de militantes cocaleros, quienes realizan rastrillajes en hoteles en busca de personal de inteligencia del Gobierno.
El caso investiga un imputado por estupro, ya que se alega que Morales habría embarazado a una menor de edad en el año 2016. La supuesta víctima, que en ese momento tenía 15 años, formaba parte de una organización juvenil del partido denominada “Generación Evo”. Según la documentación de la Fiscalía, la joven habría dado a luz a una niña que fue registrada como su hija en el registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina. Por este caso, también están siendo investigados los padres de la joven, quienes habrían actuado en complicidad para obtener favores políticos. Desde que se destapó este asunto, nadie en el entorno de Morales ha negado la comisión del delito, pero el acusado sostiene que el Gobierno está detrás de este proceso con el objetivo de eliminarlo del escenario político.
