Este lunes se realizó la formalización del ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. En ésta se mencionaron cuentas privadas del ex edil, que entre 2013 y 2017 sumaron más de $263 millones en depósitos en efectivo por caja.
Varios de esos depósitos fueron realizados por un ex funcionario municipal hoy también imputado por lavado de dinero. Mismo delito del que se acusa a Miguel Ángel Aguilera, además de cohecho y enriquecimiento ilícito.
En la presentación de la Fiscalía se conocieron depósitos en dinero en efectivo en dos cuentas del ex edil, que fueron realizados entre enero de 2013 y septiembre de 2017. En total, lo depositado en ambas cuentas sumaría los $263 millones de pesos que se cuestionan.
Según la presentación de fiscalía, parte de ese dinero, en específico $39 millones 240 mil, fue depositado por caja de parte de Daniel García, quien acudió no menos de 20 ocasiones a depositar.
García está imputado en la causa de lavado de dinero que hoy está vigente en contra del Aguilera y algunos ex colaboradores. Él fue funcionario de la Municipalidad de San Ramón en parte de los años en que Aguilera fue alcalde.
Según se conoció en la formalización, el ex acalde recibía al menos dos millones de pesos por caja al mes en su cuenta corriente de BancoEstado. Sumados, estos depósitos superan los 84 millones de pesos, en el período de 2013 a 2017, por sobre su remuneración como alcalde. O sea, “ingresos extra”.
Hubo meses en los cuales recibió cerca de diez millones de pesos en sólo un mes por este concepto.
La formalización de Aguilera
El fiscal dijo en la audiencia que “los depósitos acumulan un incremento injustificado entre 2013 y 2017 que suman 263 millones 863 mil pesos”.
Y agregó: “Adicionalmente a lo indicado, el imputado en su calidad de empleado público solicitó y aceptó un beneficio económico por haber omitido sus facultades de supervisión y haber ejecutado actos con infracciones a los deberes de su cargo en el artículo 63 de la ley 18.135 que exige el resguardo de los patrimonio del Estado”.
Además se mostraron antecedentes de licitaciones por servicios a la municipalidad por un total de $42 millones de pesos vía decreto edilicio. Éstas licitaciones vulneraron el artículo 9 de lay 18.975 que consagra el deber de cumplir inhabilidades al imponer en sus bases restricciones a la participación no contempladas en la normativa.
Lo anterior quiere decir que Aguilera impuso reglas a las licitaciones que habrían favorecido a una empresa por sobre las otras, por razones que se investigan.
