Una ex tesorera del condado de Santa Cruz, Elizabeth Gutfahr, se declaró culpable de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y evasión de impuestos, tras haber malversado más de 38 millones de dólares de los contribuyentes entre 2014 y 2024. Gutfahr, de 62 años, admitió su culpabilidad esta semana en un tribunal federal, donde se detallaron las irregularidades que cometió durante su tiempo en el cargo.
Detalles del caso
Los fiscales federales han indicado que Gutfahr utilizó los fondos malversados para adquirir una serie de artículos de lujo, incluyendo bienes raíces en Patagonia, Arizona, un rancho de 60 hectáreas cerca de Tumacacori, así como vehículos de alta gama. Entre los vehículos adquiridos se encuentran al menos 20 vehículos, que incluyen Jeeps, camiones Ford, Mercedes-Benz, Cadillacs y un autocar turístico Airstream.
Operaciones ilegales
Los documentos judiciales revelan que Gutfahr realizó aproximadamente 187 transferencias bancarias ilegales desde la cuenta bancaria del condado, que ella controlaba, hacia cuentas personales utilizando identidades falsas. Para ocultar sus acciones, produjo informes financieros falsos. En su declaración, Gutfahr mencionó que “cuando robaba de la cuenta de ahorros sabía que se utilizaban para pagar a las escuelas y a los distritos de bomberos”.
Descubrimiento de la malversación
La malversación fue descubierta cuando Chase Bank alertó en abril sobre transacciones inusuales relacionadas con la tesorera. Gutfahr fue suspendida de su cargo y posteriormente demandada cuatro meses después de que se detectaran las irregularidades. Joshua Hamilton, abogado de Gutfahr, declaró que su cliente “quiere asumir la responsabilidad del daño que ha causado” y que está dispuesta a aceptar el castigo que enfrentará.
Recuperación de fondos y auditoría
Las autoridades están buscando maneras de recuperar los fondos malversados, que estaban destinados a beneficiar a funcionarios locales. Además, se ha presentado una demanda contra el estado por no haber auditado adecuadamente las cuentas del condado durante años. La Auditoría General del Estado, Lindsey Perry, ha sido demandada por “normas de auditoría laxas”. La demanda exige un juicio por jurado y alega que la auditoría estatal solo revisó extractos bancarios correspondientes a junio, sin solicitar muestras aleatorias de otros meses.
Consecuencias legales
Gutfahr enfrenta una sentencia programada para el 6 de febrero, donde podría recibir una pena de hasta 35 años de prisión. La denuncia también señala que el esquema de malversación podría haber sido detectado mucho antes si se hubieran realizado auditorías adecuadas. La situación ha puesto de relieve la necesidad de una supervisión más estricta en la gestión de fondos públicos.
