La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha vuelto a ser objeto de atención judicial tras su regreso a prisión preventiva en la Cárcel de San Miguel, luego de haber pasado la Navidad bajo arresto domiciliario. Recientemente, se han hecho públicas nuevas declaraciones de exfuncionarios del municipio que sugieren que Barriga podría ser responsable de delitos de fraude al fisco.
Declaraciones de excolaboradores
Según un informe del medio Bío Bío, las declaraciones de excolaboradores de Barriga indican que ella estaba al tanto de las irregularidades en la gestión municipal, a pesar de su “actitud infantil”. Se menciona que Barriga hacía caso omiso a las advertencias sobre gastos excesivos, como los relacionados con el festival Maipeluza. La exadministradora municipal, Andrea Díaz Troncoso, declaró que su esposo, el diputado Joaquín Lavín León, también estaba involucrado en la toma de decisiones, aunque lo hacía a través de mensajes de WhatsApp. Díaz Troncoso afirmó: “Había una prohibición de dar cuenta de que el diputado pedía cosas al municipio. O de mencionar siquiera al diputado, por lo que nunca lo vi en el municipio, pero pedía todo a través de WhatsApp”.
Además, Díaz Troncoso alertó a Barriga sobre el “exceso de contrataciones y de desvinculaciones” que estaban afectando gravemente el presupuesto municipal, pero la exalcaldesa no tomó en cuenta estas advertencias y terminó desvinculándola. Se destaca que la prioridad de Barriga era la realización del festival Maipeluza, evento que generó gastos superiores a los dos mil millones de pesos entre los años 2017 y 2019, y que incluyó la premiación de su hijo mayor, Vicente González Barriga, bajo la conducción del periodista Juan Pablo Queraltó.
Informe sobre irregularidades financieras
Tras la desvinculación de la administradora, el abogado Roberto Garrido fue encargado de elaborar un informe sobre la situación financiera del municipio. En este informe, Garrido advirtió que “figuraban horas extras imposibles de realizar por un ser humano”, además de un ingreso al balance municipal de más de $2.200 millones que no existían. Garrido también mencionó que Barriga se querelló contra él e intentó “ocultar el informe que destapaba las irregularidades en las arcas del municipio”. En sus declaraciones, Garrido afirmó: “Quiero agregar que, más allá de la actitud infantil que ella suele tener, en general estaba en conocimiento de todo”.
Eliminación de informes críticos
El 11 de noviembre, la exfuncionaria de la Dirección de Asuntos Financieros, María Isabel Palma, declaró que fue forzada a eliminar información que podría haber alertado a los concejales sobre el bajo presupuesto disponible para cubrir los gastos del año siguiente. Palma relató que, a pesar de su resistencia, el administrador municipal Abel Sepúlveda le ordenó eliminar ciertos párrafos con observaciones críticas. Palma expresó: “Desde mi punto de vista era relevante exhibirlo a los concejales, sin embargo, me obligaron a hacerlo”.
Estas nuevas declaraciones han sido anexadas al expediente de la fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Constanza Encina, quien ha señalado que “existen antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga y que permiten presumir fundadamente que la imputada ha tenido participación en él como autora”.
