La comisión especial de la Cámara de Diputados, encargada de investigar el actuar de las autoridades en relación a la denuncia de violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aprobó un informe elaborado por parlamentarios de oposición, con un resultado de siete votos a favor, cinco en contra y una abstención. Este informe será enviado a la Sala de la Cámara para su consideración.
Contenido del informe y sus implicaciones
El documento final del informe señala de manera directa al Presidente Gabriel Boric, al Ministerio de la Mujer, a la exministra del Interior Carolina Tohá, así como a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI), cuestionando su accionar en el caso. Esta conclusión ha generado un fuerte rechazo por parte del oficialismo, cuyos miembros han acusado al informe opositor de exceder sus atribuciones, especialmente al sugerir responsabilidades penales, una facultad que, según ellos, corresponde únicamente al Ministerio Público.
Reacciones de los diputados
La diputada Camila Musante (IND-PPD) expresó su crítica hacia el informe, señalando que este apuntaba de manera generalizada a instituciones completas, como la PDI. Musante enfatizó que la propuesta de la oposición constituía una “imputación liviana de responsabilidades” que superaba las facultades de la comisión. En una línea similar, la diputada Alejandra Placencia (PC) argumentó que el documento contenía “afirmaciones subjetivas” y abogó por la eliminación de consideraciones de carácter penal o administrativo.
Durante la sesión, la diputada Gloria Naveillán solicitó un cambio en la terminología utilizada en el informe, específicamente el término “cómplices” que se había utilizado para calificar a ciertos funcionarios públicos. Naveillán propuso reemplazarlo por “negligente y deficiente”, lo cual fue finalmente aceptado por los autores del informe.
Propuestas adicionales del informe
El informe aprobado también incluye recomendaciones adicionales, tales como la necesidad de fortalecer la fiscalización sobre los gastos reservados y la creación de un protocolo claro de protección policial para altas autoridades. Además, se sugiere normar la obligación de los funcionarios públicos de colaborar con las Comisiones Especiales Investigadoras (CEI), dado que durante la investigación, Miguel Crispi, exasesor presidencial, se negó a responder preguntas.
Informe oficialista y su rechazo
El informe presentado por el oficialismo fue rechazado, aunque este cuestionaba la conducción del diputado Miguel Mellado (RN). Sin embargo, coincidía en la necesidad de mejorar la coordinación ministerial en relación a las denuncias sobre delitos sexuales.
