Diputada Marlene Pérez exige acción urgente de la justicia ante posible fuga de Monsalve

Diputada Marlene Pérez critica la inacción de la justicia ante la alerta fronteriza.
Diputada Marlene Pérez critica la inacción de la justicia ante la alerta fronteriza.

La diputada del Biobío, Marlene Pérez, ha instado al Ministerio Público a proceder con la formalización de cargos contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el contexto de una posible alerta fronteriza que la Policía de Investigaciones (PDI) tendría preparada en caso de que Monsalve intente abandonar el país.

Críticas a la inacción del Ministerio Público

Pérez expresó su preocupación por la falta de acción judicial, afirmando: “Me pregunto qué pensarán los chilenos, es indignante que con todos los antecedentes que conocemos todavía la justicia no actúe”. La legisladora cuestionó la situación actual de Monsalve, señalando: “¿Quién sabe dónde está hoy Monsalve? Debemos recordar que él estaba a cargo de la seguridad en el país, por lo que de querer salir de Chile, sin ser visto, eventualmente podría hacerlo, y no solo por pasos habilitados”.

Medidas para evitar la salida de Monsalve

La parlamentaria, que se identifica como independiente de la UDI, manifestó que considera apropiadas todas las medidas que se implementen para impedir que Manuel Monsalve salga del país, ya sea de manera legal o ilegal. Sin embargo, enfatizó que es crucial que estas acciones no sean tardías.

Pérez añadió: “No entiendo cómo aún no se toma ninguna medida para evitar la salida de Monsalve del país. Quiero hacer un llamado al Ministerio Público, se debe formalizar cuanto antes al ex subsecretario, creo que existen los antecedentes suficientes para llevar a cabo esta acción, de manera que un tribunal pueda tomar todas las medidas cautelares necesarias para asegurar que Monsalve enfrente a la justicia”.

La importancia de la justicia

Finalmente, la diputada subrayó que “nadie está por sobre la ley, y eso el Ministerio Público debe demostrarlo con hechos concretos”. Su declaración resalta la necesidad de que las instituciones actúen con prontitud y eficacia en el cumplimiento de la ley.