El Gobierno de Chile enfrenta una crisis tras la fallida compra de la residencia del exPresidente Salvador Allende, lo que llevó a la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. El Presidente Gabriel Boric solicitó su dimisión en medio de un proceso de adquisición que generó controversia debido a los vínculos familiares de los actuales propietarios del inmueble.
Contexto de la compra
La intención del Gobierno de adquirir la residencia de Allende, valorada en cerca de $ 1.000 millones, fue objeto de críticas debido a que la venta beneficiaría a Maya Fernández, actual ministra de Defensa y nieta del exmandatario, así como a Isabel Allende, senadora e hija del exPresidente. Esta situación planteó serias dudas sobre la legalidad y la ética del proceso, ya que la Constitución prohíbe a los ministros suscribir contratos con el Gobierno en los que tengan intereses personales.
Reacciones del Gobierno
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se pronunció sobre la renuncia de Sandoval, afirmando que “claramente esto es algo que no debió haber sucedido y por eso el Presidente tomó esa decisión, tiene que ver con una responsabilidad política”. Tohá subrayó que la gestión de la compra estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales, diferenciando la situación de Maya Fernández.
Por su parte, la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, indicó que la salida de Sandoval se debió a una evaluación “técnica y política” realizada por el Presidente Boric. A pesar de que Sandoval se reunió con el Presidente y sus asesores para explicar la situación, sus argumentos no fueron suficientes para evitar su remoción.
Consecuencias de la decisión
La decisión de remover a Marcela Sandoval se confirmó al mediodía del lunes, y en su lugar, el subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, asumirá el cargo de manera subrogante. La situación ha generado un debate sobre la gestión del Gobierno y la transparencia en los procesos de compra de bienes del Estado, especialmente en casos que involucran a familiares de figuras políticas.
La controversia en torno a la compra de la residencia de Allende ha puesto de relieve la necesidad de una mayor claridad y regulación en las transacciones que involucran a funcionarios del Gobierno, así como la importancia de mantener la confianza pública en las instituciones.
