Todo indica que será incorporado un nuevo capítulo al Decreto de Ley °3500 sobre las AFP, lo que traerá consigo una serie de regulaciones hacia aquellas personas o instituciones que se dediquen a asesorar financieramente a los afiliados y afiliadas del sistema de pensiones. Dicha medida, establecerá la creación de un registro y la fijación de una garantía para que indemnicen a sus clientes por el daño que pueda ocasionar sus recomendaciones.
En relación a ello, Felices y Forrados, una de las entidades que entrega este tipo de servicios y que debería acatar estas nuevas medidas en caso de que sea aprobada por el senado, realizó una fuerte campaña en sus redes sociales, con el fin de generar controversia y ejercer presión para que este proyecto se rechace.
El líder de aquella organización, Gino Lorenzini, aseguró que esta iniciativa se trata de una “ley fantasma que podría quitarte la posibilidad de que protejas tus ahorros”.
A su vez, la entidad se abalanzó con todo hacia el Presidente de la República, a través de un comunicado, señalando que “el presidente Piñera como revancha por destapar el caso de triangulaciones, usó todo su poder para PROHIBÍR DAR SUGERENCIAS FINANCIERAS, tanto a personas naturales como empresas, y si incumplen tienen PENAS DE CÁRCEL, garantías de 1.700.000.000 y la OLBIGACIÓN DE COMPENSAR PÉRDIDAS (lo cual no se exige a las AFP)”.
Además, añadieron que “después de 5 años de discusión, a última hora de este miércoles 27 se incorporaron 10 páginas que NO HABÍA SIDO PUBLICADAS al momento de votar, que se aprobaron sin LEER, con 7 votos a favor y solo 1 en contra del diputado Giorgio Jackson (Artículo 4 del proyecto de ley 10162-05)”.
Lo cierto es que el descargo de la entidad por medio de sus plataformas digitales y de redes sociales cumplió su objetivo y de causar cierto revuelo con sus declaraciones. De momento, lo único que queda por delante, es estar atentos a lo que suceda con estas nuevas regulaciones que buscan incorporarse a través de este nuevo proyecto de ley, ya que aún falta la votación del senado para determinar si estas medidas se aplicarán o no.
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