Cambia el panorama del cannabis medicinal en España. La nueva Ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, ha anunciado medidas concretas para reactivar los planes largamente postergados que regulan el uso en el país.
Esta decisión ha generado optimismo entre expertos y pacientes, quienes anhelan un acceso más fácil a estos tratamientos. Por ejemplo, un 84% de los españoles está de acuerdo con la necesidad de una regulación completa.
Según el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), la designación de Mónica García como Ministra de Sanidad es una señal importante para la regulación, tal como se ha avanzado en otros países desarrollados, “Después de una década de trabajo en este campo, el día en que el documento sea firmado será motivo de celebración. Destacamos la importancia de tener a alguien que genuinamente se preocupe por los pacientes”, señaló la presidenta del organismo.
Este cambio de enfoque marca un cambio en un proceso que ha enfrentado diversos retrasos debido al complicado clima político en España. A pesar de las promesas anteriores del gobierno, los planes para implementar un marco regulatorio del cannabis medicinal se habían retrasado, confirmando su postergación hasta después de las elecciones generales en julio.
Cannabis medicinal: Se unen posturas
Reportes locales indican que la Ministra de Sanidad ha sostenido encuentros con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para revisar el borrador de la Orden Ministerial preparada en 2022, que establecería los lineamientos iniciales para la regulación.
Según diversas empresas y prestadores de tratamientos alternativos, este avance legislativo sería un gran alivio para los pacientes españoles, al ofrecerles acceso a productos de cannabis medicinal seguros y de alta calidad para el manejo de sus condiciones.
Esto representaría un hito en la regulación del cannabis medicinal en España, un cambio que podría tener un impacto significativo tanto en los pacientes como en la industria en su conjunto. Este ejemplo destaca cómo la determinación política puede incidir directamente en el avance de políticas de salud pública y en la vida de aquellos que dependen de tratamientos alternativos para mejorar su bienestar.
