Bitcoin: El Salvador primer país en darle curso legal

Desde ahora en El Salvador el Bitcoin se podrá usar como moneda de intercambio, al igual que el dólar estadounidense.

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El Salvador es el primer país en legalizar el uso de Bitcoin
El Salvador es el primer país en legalizar el uso de Bitcoin.

El Salvador es, desde este martes, el primer país en el que tiene curso legal el Bitcoin como moneda de cambio.

Con la aprobación de la nueva normativa legal, en el país centroamericano el Bitcoin tendrá el mismo estatus que el dólar de EEUU.

Los agentes económicos, según la ley avalada por el oficialismo en la Asamblea Legislativa, están obligados a aceptar la criptomoneda y todos los precios de los productos y servicios deben expresarse en dólares y bitcoins.

El gobierno salvadoreño dispone de más de 200 millones de dólares para la puesta en marcha del proyecto. En la víspera, compró bitcoins equivalentes a más de 21 millones de dólares al precio registrado el lunes.

La Ley Bitcoin cobró vigencia en El Salvador en medio de una amplía desaprobación de sus habitantes. Según distintas encuestas, y con distintas protestas convocadas para hoy para rechazar la normativa, la mayoría de los salvadoreños se oponen a la medida.

El uso del Bitcoin se convirtió, desde su sorpresivo anuncio en una conferencia en Miami, en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele, tras la pandemia del Covid-19.

“Como toda innovación, el proceso del #Bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes”, publicó Bukele en Twitter.

Y agregó: “Pero debemos romper los paradigmas del pasado. El Salvador tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo”.

Los sondeos de opinión revelan que este es el primer proyecto de Bukele rechazado por buena parte de la población a pesar de que el mandatario mantiene altos niveles de popularidad.

Según la encuesta del Instituto de Opinión Pública, el 66,7% de la población opina que la Ley Bitcoin se debía derogar y el 65,2% se mostró en desacuerdo en que el gobierno utilice fondos públicos para financiar la implementación del criptoactivo.